El 62% de las víctimas fatales por siniestro de tránsito en la República Dominicana del 2011 al 2014 eran personas en edad productiva entre 15 y 44 años. Lo que merece una profunda reflexión de parte de las autoridades, sobretodo de las instituciones legislativas, sanitarias, de trabajo y de justicia.
La República Dominicana carece de leyes integrales sobre seguridad vial; los costos de intervención del área de salud resultan muy elevados; la expectativa de vida laboral de los afectados se pierde sin que se pueda actuar en el orden judicial con equidad.
El subregistro de la Autoridad Metropolitana de Transporte –AMET- para el año pasado fue 1855 defunciones por esta causa, 1.96% menos que en el 2013, para acumular 18,214 fallecimientos en los últimos 10 años (2005 – 2014).
Mas, estas cifras no contiene las muertes por el mismo motivo hasta un plazo de 30 días después de la tragedia ni las muertes asentadas en otros organismos oficiales que también realizan el conteo, criterio que es sumamente importante saber para fines de calcular los indicadores de siniestralidad.
Es por esta razón que la metodología aplicada por la OMS asume un 95% de incertidumbre en los datos para estimar la tasa de mortalidad en el 2010 en unos 41.7 muertes por tragedias en las vías por cada 100,000 poblador.
Sin embargo, el 2014 finalizó con un factor de riesgo de muerte de 39.4 por cada cien mil habitantes, lo cual significa que se produjo una precipitación de la tasa de mortalidad en los últimos cuatro años de 5.5%.
No obstante, respecto a los lesionados por el tránsito no se podrá decir lo mismo, porque la tasa de morbilidad aumentó 128.37% respecto al 2013 al colocarse en 85.03 por cada cien mil habitantes cuando se registraron en el 2014 un total de 10152 heridos, que finalmente el Estado asume de alguna manera.
