Durante gran parte del siglo XX se ha tratado de crear una ley que regule la conducta de los partidos con permiso o no del Estado a participar en procesos electorales, y se ha pretendido incluso intervenir, con la propia disposición legal, en la estructura y relación de los individuos dentro de la organización política. Nuestro país entró en este debate a mediados de los noventa cuando se impulsaron propuestas de reformas del sistema político y modernización de la Administración Pública.
Con el paso de los años, la desaparecida Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización de la Administración y posteriormente el también desaparecido Consejo Nacional de Reforma del Estado sirvieron para aglutinar y movilizar los esfuerzos dispersos en un proyecto común que llegaron al Congreso Nacional con una perspectiva de conjunto y de reflexión previa de la sociedad, que incluyese naturalmente los argumentos y/o razonamientos de las fuerzas políticas e iglesias.
Hoy, a la luz de las nuevas discusión o el desempolvo de un viejo expediente que vuela con los tiempos, se observa la presentación y/o defensa de propuestas particulares, negándose con los hechos todo documento del conjunto de las partes interesadas que incluso logró la intervención de especialistas de América Latina, con la larga experiencia, lo mismo que de técnicos aportados o financiados por la OEA. Nada, da la impresión que el tiempo fue perdido, lo mismo que el dinero que financió talleres, seminarios, conferencistas y a quienes se les contrató como consultores. Cada grupo está defendiendo su proyecto de Ley de Partidos Políticos.
Independientemente de las razones históricas que empujaron hacia “normas o formas de regular” mediante una ley expresa a los partidos políticos en América Latina, lo cierto es que la realidad de los partidos u organizaciones políticas en República Dominicana y en América Latina cambió por la crisis de credibilidad en los políticos y sus partidos. Observemos que una llamada nueva izquierda brotó en América del Sur en respuesta a la quiebra de los llamados “partidos tradicionales del sistema”. Venezuela, entre otras nacionales vecinas, es una muestra de cómo desaparecieron los partidos políticos muy conocidos todos, de derecha y de izquierda, mientras estuvo discutiéndose una posible Ley de Partidos Políticos.
¿Qué resolvería una Ley de Partidos Políticos?
Creo que el enfoque debería variar. A lo que deberíamos “meterle el pico” a la reorganización del sistema político en que se sostiene nuestra democracia, lo cual atravesaría por definir la democracia a la cual aspiramos, los procesos electorales y ley electoral para terminar en los partidos políticos.
¿Qué democracia queremos? ¿Cuánto debería costarnos la democracia a la cual aspiramos? ¿Cómo reorganización la estructura electoral, incluyendo a la JCE? ¿Cómo abaratar en términos económicos el sistema político y electoral? Luego, ¿qué estamos hablando cuando nos referimos a sistema político o de partidos o sistema electoral?
Deberíamos revisarnos y revisarlo todo a partir de nuevas prácticas políticas que nos conduzca hacia una conciencia colectiva sobre una visión de lo moral y la ética, de las buenas prácticas. El compromiso de la sociedad es de su presente respecto del futuro deseado como nación. Que tengamos una Ley de Partidos Políticos nada resuelve, quizás el refinanciamiento de los partidos desde el pago de nuestros impuestos.
