Me resisto a creer que exista en el mundo otro país donde se auspicie, promueva, aliente y se convierta en una norma el insulto; la descalificación y la violencia desde los propios medios de comunicación, cuya finalidad esencial debe estar dirigida a educar, orientar y fortalecer las instituciones públicas y privadas del sistema democrático.
Estamos ante un verdadero escándalo que avergüenza a toda la sociedad dominicana, llegando al extremo de que ni siquiera la figura señera del ciudadano Presidente de la República es respetada por algunos “deslenguados y malos educados”.
Esos improperios han llegado ya muy lejos y es necesario un ¡basta ya!, como lo advirtió el portavoz del Gobierno y director de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM), licenciado Roberto Rodríguez Marchena.
Las autoridades tienen que aplicar las leyes en materia de expresión y difusión del pensamiento y aquellas estructuras comunicacionales que persistan en la odiosa acción proceder judicialmente contra ellas.
La ofensa contra el presidente Danilo Medina es inaceptable no tan solo por lo que representa como principal funcionario del Estado, sino porque se trata de un hombre decente, un profesional de la política y de la economía que no maltrata a nadie, que no ofende a nadie y que mide el contenido de cada palabra que expresa.
Lo extraño del caso es que quienes promueven esa infeliz descomposición lingüística son dizque “profesionales” de la comunicación, la política y la ciencia jurídica.
Entonces, qué les podemos dejar a las personas analfabetas, a los humildes dominicanos y dominicanas que no tienen el privilegio de hablar o escribir en un medio de comunicación de masas.
La radio, televisión, prensa escrita, el internet y sus redes sociales así como el cine son excelentes estructuras mediáticas para el entretenimiento, esparcimiento, educación, orientación y la convivencia humana.
No es posible que ya en el siglo 21 estemos en la República Dominicana auspiciando la barbarie, destrucción y violencia entre la especie humana, precisamente desde las propias instituciones nacionales.
Se trata de una evidente contradicción en una nación con más de treinta universidades; 98 empresas concesionarias del servicio de televisión por cable y emisoras radiofónicas, 44 canales de televisión VHF y UHF y 391 emisoras de radio AM y FM, según el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
Además de ocho diarios impresos y centenares de diarios digitales en todo el país.
Los Dueños de los Medios son Culpables
Los propietarios de los medios de comunicación masiva en el país son los responsables de ese caos comunicacional al permitir que todo aquél que paga un espacio ya sea en la radio o televisión tenga licencia absoluta para apelar al insulto y la bajeza.
Es una especie de “foro púbico” amparado en un sistema democrático todavía excluyente y con una enorme deuda social.
Y son ellos mismos los que mutilaron, pisotearon y lanzaron al zafacón la ley original de colegiación periodística con el claro propósito de negarles los derechos laborables a los periodistas y hacer de sus empresas espacios para el tráfico, manipulación, chantaje y extorsión.
Los periodistas de la denominada “prensa independiente” tienen que acudir al Estado en busca de la pensión de retiro que les niegan los empresarios.
Mensajes de Intrigas
En esta fiesta de la insolencia bailan no tan solo algunos empresarios, políticos y comunicadores sino hasta ciertos “expertos” que entienden que el mensaje debe ser violento, destructor y aniquilador de la moral y el buen nombre de la persona porque “eso es lo que vende y lo que le gusta al pueblo”.
De ahí, es que cada día la chercha radiofónica vaya en aumento y cada vez más el “letrinaje lingüístico” sea una normativa en la radio y televisión dominicana, salvo honrosa excepciones.
En la práctica, con ese comportamiento los promotores de la descomposición verbal en la radio y televisión buscan confundir aún más a este pobre pueblo, enajenando a una población que se refugia en la bachata y en las bancas de apuestas tratando de olvidar su desgracia y con la firme esperanza de algún día comprarse una yipeta para andar “bien montado”.
La violencia mediática en el país se asemeja al desorden existente en el transporte público de la capital y la mayoría de las provincias.
¿Con qué moral los comunicadores y políticos propiciadores de la violencia mediática pueden cuestionar las deficiencias del transporte público en el país?
¿Cómo pueden criticar a la Policía Nacional cuando maltrata a un ciudadano, si ellos son los primeros en llevar violencia a cada hogar que sintoniza sus espacios en esos medios electrónicos?
¡Qué vergüenza!
Articulo de Manuel Díaz Aponte
Domingo, 15 de marzo del 2015
