Brasilia, 16 mar (PL) El Ministerio Público presentó hoy nuevas acusaciones por corrupción, lavado de dinero y formación de pandilla contra 27 brasileños, entre los cuales figura el exdirector de Servicios de Petrobras Renato de Souza Duque.
Se trata de la décima fase de la operación Lava Jato (lavado de auto), que investiga el escándalo de corrupción en Petrobras e involucra a exdirectivos de la petrolera estatal, ejecutivos de empresas privadas y políticos.
Entre los imputados, además de Duque, aparecen también el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto, los delatores de esta operación, el empresario Alberto Youssef, y exdiretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, así como el exgerente de la empresa petrolera Pedro José Barusco Filho.
Durante la jornada se realizaron operativos en las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro para arrestar a 18 personas vinculadas al esquema de desvío de dinero y contratos inflados en la compañía de petróleo nacional.
Al respecto, el Procurador de la República, Deltan Dallagnol, quien encabeza la operación Lava Jato, afirmó que fueron identificadas y bloqueadas cuentas bancarias en el exterior de Duque, por valor de 70 millones de reales (22 millones de dólares).
Se hallaron otros 31 millones de reales (unos 10 millones de dólares) pertenecientes al exdirector Internacional de la compañía estatal Jorge Zelada, indicó.
Dallagnol adelantó que estas personas podrían ser condenadas a penas de entre 21 y 117 años de prisión si se comprueba que participaron en el esquema de corrupción en Petrobras.
Al referirse a la implicación de políticos y de partidos, señaló que los beneficiados sabían que los fondos recibidos procedían de las propinas ilegales de los contratos inflados y otros ilícitos con la petrolera nacional.
Quiere decir que el pago irregular era disfrazado al ser entregado como una donación para la campaña electoral de candidatos de organizaciones políticas.
Las investigaciones de este caso, iniciadas en marzo último, revelan que unas 30 empresas constructoras y de ingeniería integraron un cartel para lograr acuerdos fraudulentos con la petrolera y después repartirse los fondos obtenidos de manera irregular.
Según el esquema montado, esas entidades y sus ejecutivos conspiraron con empleados de la petrolera estatal para defraudar a la principal y mayor compañía de Brasil. Se estima que las pérdidas por estos ilícitos ascienden a 10 mil millones de dólares.
Entre los políticos presuntamente envueltos en este escándalo figuran 32 legisladores integran el Partido Progresista (PP), siete la agrupación del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), seis de la organización de los Trabajadores (PT), uno la Social Democracia (PSDB) y otro la fuerza Laborista (PTB).
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