La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), licenciada Altagracia Paulino, informó que esa entidad dispuso que las notas de créditos otorgadas por establecimientos comerciales a los consumidores, cuando adquieran alimentos o medicinas, duren 365 días.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, indicó que los establecimientos conceden una nota de crédito por 30 días, cuando un cliente devuelve un producto.
“Ahora esa nota de crédito dura 365 días, dura el año entero, porque nadie se tiene que quedar con tu dinero”, acotó.
Paulino dijo que después de transcurrido el plazo de 30 días, los establecimientos que expidan notas de créditos pueden descontar los impuestos que pagaron.
Sin embargo, advirtió que el dinero o un bien deben ser devueltos al consumidor, conforme lo establece un reglamento dispuesto por Pro Consumidor.
Indicó que también serán impuestas multas por publicidad engañosa, con lo cual se ha logrado que disminuya en un 70% esa práctica.
Advirtió que hay una desproporción de hasta un 200% entre la salida de un producto del campo hasta llegar a la mesa del consumidor final, con respecto a su precio.
Calificó esa diferencia como abismal, por lo que debe haber una política pública del Estado de defensa al consumidor, y prever en ese diseño el tema de la intermediación que afecta a éste y al productor.
“Aquí hay que proteger el pequeño empresario, a la pequeña empresa, porque hay un estudio que ofreció la Fundación Juan Bosch, que establece que la mayoría de los empleos los ofrecen las pequeñas empresas”, subrayó.
Indicó que se debe ser amortiguada esa situación a los fines de que un solo sector no sea el beneficiado, sino que haya una equidad para poder conseguir mejores precios y calidad de los productos.
Expuso en el país hay dos sectores sacrificados en la producción y comercialización de los alimentos, como son los productores primarios y el consumidor final.
Deploró que hay una parte de la intermediación en la comercialización de alimentos que se queda en el camino, que no permite que el productor gane porque se ve deprimido.
Citó como ejemplo, que un productor puede vender un plátano en 50 centavos en Barahona, el producto puede ser encontrado a RD$20 en un supermercado de la capital.
Manifestó que en América Latina se ha producido una rebaja en los precios de los alimentos, a partir de la disminución en los precios de materias primas, como el trigo, la soya, el maíz, el arroz y los precios del petróleo.
Paulino expuso que se han generado las condiciones para que haya una rebaja en los precios por lo menos de los alimentos.
“En América Latina se ha gerenciado, aquí no, al contrario, hay alzas de bastantes alimentos, sobre todo a principios de año”, subrayó.
Significó que Pro Consumidor monitorea todas las semanas los precios de los artículos de la canasta básica y hay alzas de los mismos, por lo que debe haber una regulación al respecto.
Las dificultades de Pro Consumidor
La directora de Pro Consumidor observó que esa institución ha estado trabajando prácticamente a “manos pelada” y sin herramientas para hacer su labor por falta de recursos.
Sostuvo que al parecer el poder político no ha entendido la función importante que juega en cualquier país un organismo como Pro Consumidor.
Declaró que el presupuesto de la entidad ha sufrido un estancamiento en los últimos dos años, porque se ha mantenido en RD$127 millones y se necesita el doble para poder cumplir con las metas trazadas.
“Nosotros pedimos que nos duplicaran el presupuesto, pero no nos dieron ni un chele, ni el año pasado ni para este año. Entonces, se trabaja realmente con mucha precariedad”, subrayó.
Indicó que se necesita un laboratorio, debido a que casi semanalmente debe enviar fuera del país o pagar en otro lugar las pruebas que se deben hacer a agua, medicamentos, entre otros.
Paulino afirmó que Pro Consumidor debería tener una oficina en las 32 provincias y sus municipios, porque así lo establece el artículo 6 de la ley que lo instituye.
Sin embargo, dijo que tiene alrededor de 14 espacios cedidos en casi todas las provincias, pero no hay recursos para contratar nuevo personal y someterlo a un proceso de capacitación.
“Nosotros deberíamos estar en todas las provincias del país, y no estamos porque el presupuesto no nos alcanza para ello, hemos trabajado casi con la voluntad”, subrayó.
Considera que la administración pública está para servirles a los ciudadanos y quien se aparta de ese predicamento no está cumpliendo con un deber constitucional y ciudadano.
“Hemos hecho el esfuerzo para demostrar que sí se puede desde el Estado defender a la gente, dar un buen servicio, y eso lo hemos hecho hasta ahora”, acotó.
Expuso que esa entidad contribuye a crear ciudadanía, a cumplir con el mandato constitucional, educar al ciudadano y su relación con el mercado.
