La investigación del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) precisa que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) repercute en el ámbito de las competencias de otras instituciones que no forman parte de él, como es el caso del Poder Judicial dominicano.
(Santo Domingo, 16 de abril de 2015). Un análisis publicado por el Observatorio Judicial Dominicano (OJD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte que el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) puede generar un aumento de la carga de trabajo del Poder Judicial, y no preverlo oportunamente podría acarrear dificultades que afecten su capacidad de respuesta.
Los autores sostienen que antes de ponerlo en marcha “era necesario que los tomadores de decisiones se dieran cuenta que este Sistema tendría repercusiones para un poder judicial con limitaciones presupuestarias, respecto del cual toda política pública, sobre todo si su diseño permite prever un aumento de su carga de trabajo, debe incluir la mejora inmediata de su capacidad de respuesta”.
Sin embargo, el análisis “El 9-1-1 y sistema penal: el espacio vulnerable entre las políticas públicas de seguridad y judicial”, de la autoría de Junior Santana y Héctor Peña, investigadores de la Unidad de Justicia Penal del OJD, sostiene que este sistema podría tener grandes beneficios en la lucha contra la criminalidad, pero no debe obviarse que una gran parte de esta lucha también se lleva a cabo en los tribunales.
“Es decir, pensar en las estructuras, los procesos y los actores de una dimensión judicial que resulta indisociable del Sistema”, resalta el documento.
El análisis invita a reflexionar acerca del rol activo del Poder Judicial en relación al Sistema. Se afirma que “es necesaria una mayor coordinación entre esta política pública de seguridad y las políticas públicas judiciales, ya que con esta se evitaría que la administración de justicia se vea afectada en las demarcaciones en las que se encuentra en funcionamiento, también aquellas provincias a las que puede llevarse el sistema resultarían beneficiadas”.
Debido a esto, los investigadores del OJD-FUNGLODE consideran que existe la necesidad de prestar atención a los cambios que ha producido el funcionamiento del sistema, el cual repercute en el ámbito de las competencias de otras instituciones no contempladas como integrantes del mismo.
Actualmente el sistema se encuentra integrado por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), quien lo preside, la Procuraduría General de la República (PGR), al igual que el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Dominicano de Comunicaciones (INDOTEL), la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MIFA).
El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, además de fungir como un mecanismo de prevención, atención y socorro a la ciudadanía, también recibe las denuncias de ilícitos que más temprano que tarde terminan pasando al ámbito de competencias del Poder Judicial dominicano, específicamente el que respecta a la jurisdicción penal, concluyen.
