El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anunció esta tarde la conformación de una comisión de dirigentes de alto nivel que articulará acciones con los partidos representados en el Congreso y todos los sectores opuestos a la reforma constitucional que decidió promover el domingo una parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Miguel Vargas, presidente y candidato presidencial del partido blanco, exhortó en rueda de prensa celebrada en la casa nacional a los sectores interesados en preservar la alternabilidad e institucionalidad democrática del país, "a rechazar la reforma constitucional reeleccionista decidida por 23 miembros del Comité Político del PLD".
Informó Vargas que la Comisión es para entrar en contacto con todos los sectores interesados en preservar la salud democrática de la nación y, crear las condiciones necesarias para la construcción de una gran alianza nacional que formule la plataforma de un proyecto de nación capaz de dar respuestas a los graves problemas que afectan a los todos dominicanos, lo cual dijo no ha hecho el PLD en camino a cumplirse 4 gobiernos de ese partido.
"Lo que necesita nuestro país es un gobierno que ponga fin a décadas de exclusión de las mayorías y que se dedique a saldar la enorme deuda social acumulada, que le niega al pueblo educación, salud y empleos de calidad, seguridad ciudadana y otros derechos y beneficios sociales que no han sido capaces de garantizar los gobiernos peledeístas", sintetizó el presidente y candidato presidencial.
Expuso que preservar la alternabilidad democrática es una tarea patriótica, y un deber cívico, pues tenemos que defender la institucionalidad a cualquier precio, para beneficio de las presentes y futuras generaciones.
Vargas sostuvo que la decisión del comité político del PLD es una amenaza a la alternabilidad y la institucionalidad democrática y va dirigida a prolongar un continuismo peledeísta caracterizado por el endeudamiento desenfrenado, excesivos impuestos y la ausencia de un plan nacional de desarrollo.
Calificó de provocación y ofensa a la sociedad dominicana el pretender justificar una reforma constitucional sobre la base de una supuesta popularidad que se le atribuye al actual mandatario. Reiteró Vargas que la continuidad del PLD en el poder implicaría el mantenimiento de la exclusión de la mayoría de los dominicanos, que ha sido característica de las administraciones peledeístas.
"Con la reelección presidencial nuestro país estaría reeditando el desplome institucional que se ha extendido por algunos países de América Latina, y que en ningún caso ha servido para aliviar las angustias y padecimientos de sus pueblos", subrayó Vargas.
Por más recursos que invierte el gobierno en propaganda política, la realidad inocultable es que reelección es sinónimo de corrupción gubernamental, abuso de poder, desconocimiento del Estado de Derecho, inseguridad jurídica, y otros males inherentes al continuismo", puntualizó.
Recordó que ese escenario se verificó en el 2004, en ocasión del fallido intento reeleccionista del entonces presidente Hipólito Mejía y que una situación parecida ocurrió con la reelección del entonces presidente Leonel Fernández en las elecciones del 2008, basada en múltiples acciones de tráfico de influencia y otros usos y abusos de los recursos del Estado.
Los excesos en que se incurrió sólo en los primero 5 meses de 2008, terminaron costándole al país un déficit fiscal de más de 56 mil millones de pesos que se incrementa año por año y es un factor de distorsión que amenaza la macroeconomía del país.
Esa es la historia de abuso del poder, de corrupción y de todo tipo de crímenes vivida por el pueblo dominicano durante el reeleccionismo encarnado en Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, dijo citando antecedentes históricos.
Indicó Vargas que coherente con los principios de alternabilidad democrática promovió en la vigente Constitución de enero de 2010 la no reelección presidencial consecutiva, reivindicando así los principios de la Constitución democrática de Juan Bosch, del año 1963; y la reforma constitucional de José Francisco Peña Gómez en 1994.
