Tenía que venir un brote de crisis política para que se advirtiera la existencia de una cantidad de fundaciones que han estado actuando ante los tribunales sin contar con la debida calidad jurídica. El primer caso se puso de manifiesto con la Fundación Justicia y Transparencia que de acuerdo al abogado Olivo Rodrígez Huertas no tributa desde hace tres años.
Este martes, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional han pedido al Tribunal Constitucional que no admita tres acciones directas de inconstitucionalidad sometidas por separado por igual número de fundaciones.
Y el argumento para solicitarlo es que essas entidades que han elevado recursos contra del Código Penal, principalmente contra las disposiciones que permiten el aborto, no tienen calidad para actuar, debido a que carecen de personería jurídica.
En el trío aparece de nuevo la Fundación Justicia y Trasnparencia que preside el abogado Trajano Potentini, una de las más activas en el país. Las otras dos son las fundaciones Democracia y Transparencia y Matrimonio Feliz, esta última de la Iglesia Católica.
La Procuraduría se hizo representar en la audiencia por el procurador adjunto, Ricardo José Taveras, quien solicitó que las acciones sean declaradas inadmisibles por extemporáneas, debido a que la norma impugnada no entrará en vigor hasta un año después de promulgada.
Las cámaras de Senadores y de Diputados el Código Penal no viola el texto constitucional, por lo cual solicitaron al TC declarar conforme a la Constitución la norma legal en cuanto al trámite de aprobación, en razón de que se cumplió con el procedimiento para la aprobación de las leyes.
En cuanto al fondo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados dejaron la decisión a la soberana apreciación de los jueces del TC.
El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo las acciones de las fundaciones Institucionalidad y Justicia y Transparencia y Democracia, mientras, que con relación a la presentada por la Fundación Matrimonio Feliz otorgó un plazo de tres días para que ésta presente un escrito de motivación de las conclusiones.
Contrasta que esta entidades que operan fuera de ley tiene como objetivo reclamar a funcionarios y entidades públicas que sí cumplan con la misma, un contrasentido puesto de relieve en las últimas controversias.
