Los hechos que determinan el final preceden a la decisión del comité político celebrada el domingo de impulsar la reelección del presidente Danilo Medina.
La ruptura de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) con el gobierno tiene varios ejes que preceden a la reunión del domingo del comité político del Partido de la Liberación Dominicana en la que se decidió impulsar reelección del presidente Danilo Medina.
Esas discrepancias habrían comenzado cuando el gobierno de Medina decidió impulsar la revisión del contrato con la Barrick Gold, que habría tenido como justificador de su conveniencia al mismo al presidente de la FNP, doctor Marino Vinicio Castillo.
El ex diputado Carlos Peña, comentarista del Gobierno de la Mañana, ha narrado varias veces, sin que haya sido desmentido, que el doctor Castillo, quien el miércoles renunció de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, fue quien encabezó una reunión con legisladores peledeístas para motivarlos a acoger el contrato con la empresa canadiense.
Ese contrato fue denunciado por el presidente Medina en un discurso de rendición de cuenta ante el Congreso Nacional, forzando a una renegociación con la empresa que explota el yacimiento minero en Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Otro evento generador de disgusto es la decisión del Gobierno de crear una red de Veedores de la gestión pública, medidas que la Fuerza Nacional Progresista (FNP) entiende suple las funciones para la que fue creada la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción que hasta el miércoles presidía el doctor Castillo.
La creación de esta red molestó más a la familia Castillo y la FNP, porque la misma la integran prominentes miembros de la Sociedad Civil, incluidos sus críticos. Esa decisión del Gobierno es lo que explica, además, el ensañamiento de voceros de la FNP, concretamente del diputado Vinicito Castillo Seman, contra el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, quien habría sido el mentor de la iniciativa de crear la red de Veedores.
En círculos del Gobierno se tiene la sospecha de que la sentencia del Tribunal Constitucional es de inspiración de la FNP y sectores que internamente en el PLD adversan a Medina y fue instigada con la finalidad de crear obstáculos a la administración de Medina en el sensible escenario diplomático internacional, tal y como ocurrió.
Ante este hecho, el presidente Medina debió asumir el control de la diplomacia, dedicar suficiente tiempo a contener la repulsa internacional, con la situación embarazosa de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese momento, ingeniero Carlos Morales Troncoso, estaba enfermo, y desde allí se hacía poco o nada para defender al país del aluvión de críticas generadas por la sentencia que disponía revisar la nacionalidad de los nacidos en República Dominicana desde el 1929.
Además de controlar la política exterior con un equipo paralelo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno se vio precisado a vigilar y controlar las acciones de la Dirección General de Migración, en control de la FNP, a través de su renunciante director José Ricardo Taveras, para evitara que en el contexto de crispación internacional se produjeran hechos que complicaran la situación del país.
En medio de las medidas dispuestas por el Gobierno para contener los efectos de la sentencia en esfera internacional, el Gobierno recibía presiones de este sector y de otros grupos neo nacionalistas, que exigían lo que en la lógica oficial no era más que la intentona de acorralar al Gobierno en el campo internacional.
Paralelamente a lo anterior, esos sectores ultraconservadores se dedicaban cuestionar del presidente Mediana desde su patriotismo y valentía personal, rayando muchas veces en el irrespeto a su investidura.
Otro elemento que agravó la situación es el caso que envuelve a Salomón Melgen y al senador Bob Menéndez. Primero, porque Medina no aceptó dar curso a un ventajoso contrato suscrito por el Estado dominicano, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), con una empresa de Melgen, y que contó con el apadrinamiento de Menéndez, como se ha comprobado en investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos.
La oficina de abogado de la familia Castillo representa los intereses de Melgen, quien guarda prisión en Estados Unidos, acusado de unos 76 delitos, mientras el senador Menéndez es objeto de una investigación similar que de comprobarse se expone ser destituido del cargo y apresado. A Méndez se le atribuye haber bloqueado una ayuda de Estados Unidos a República Dominicana para favorecer a Melgen, quien es dominicano.
No queda excluido de estos espisodios el hecho del Ministerio de Energía y Minas que ocupaba el dilecto Pelegrín Castillo, dejándolo solo con la parte de minas, no así de la energía, en la que el gobierno ha desplegado sus proyectos a través de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE) que dirige Rubén Bichara.
Los elementos indicados son apenas algunos de los eventos que distanciaron a la FNP con el Gobierno de Medina. Su esperanza de revertir esa tendencia era la de que el presidente Leonel Fernández se convirtiera en candidato presidencial del PLD en los comicios del 2016, posibilidad que habrían visto cerrada con las decisiones del comité político del domingo de impulsar la reelección de Medina.
La renuncia estaría precipitada por la confidencia que tendrían los partidos aliados del PLD, incluida la FNP, de que no está en el ánimo del ex presidente Fernández desacatar la decisión tomada por el comité político, por considerar que como presidente de esa organización hoy más que nunca es el garante de la unidad del mismo.
