Autoridades coordinan la introducción de nuevos tipos penales como el feminicidio o el ciberdelito en sus normativas.
Panamá.- Los asesinatos a mujeres por razones de género, los atentados ecológicos derivados de gestiones inadecuadas de los recursos, los secuestros y asesinatos a sueldo o los delitos a través de internet, son algunos de los ámbitos de actuación del crimen organizado que requieren de una respuesta conjunta por parte de los países centroamericanos.
Por ello, representantes de fiscalías, Cortes Supremas de Justicia, Ministerios de Gobierno de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y México (como país observador) se reúnen esta semana en Panamá para coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
Por parte de El Salvador participan la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rosa María Fortín; Dania Tolentino, colaboradora de la Corte Suprema de Justicia; José Roberto Nóchez, director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad; Daniel Adalberto Domínguez Vásquez, Jefe de Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, y Santos Cecilio Treminio, Concejal propietario del Consejo Nacional de la Judicatura.
El taller “Definición de criterios de armonización regional de nuevos tipos penales y desarrollo operativo de instrumentos procesales”, se enmarca en el Proyecto de Armonización de la Legislación Penal contra el crimen organizado en Centroamérica. Este programa se integra en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y es liderado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), con la financiación de la Unión Europea y el respaldo del Fondo España-SICA.
La armonización de la legislación penal es un instrumento esencial en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica. Las disparidades legales entre países han favorecido espacios de impunidad y dificultan extraordinariamente la cooperación internacional en la persecución de la delincuencia organizada, que es especialmente necesaria para desarticular esta criminalidad.
Ante la situación actual, y a instancia de la secretaría general del SICA, se inició un proceso de acercamiento entre las legislaciones de los países centroamericanos, para construir un entramado legal armonizado que mejorará la eficacia de la lucha contra esta lacra.
En el taller, que se está desarrollando en Panamá, se definirán y acordarán los criterios para avanzar en la armonización de las legislaciones nacionales relativas a nuevos tipos penales, como los delitos contra el patrimonio histórico, ciberdelitos, feminicidio, delitos contra el medioambiente, delitos contra la propiedad intelectual, delitos fiscales, sicariato y secuestro extorsivo.
Este proyecto comenzó en 2011 con la elaboración de un marco normativo que fue validado en 2013 por los máximos representantes del sector justicia de Centroamérica, en donde quedaron reflejados los criterios para armonizar instrumentos procesales y penales directamente implicados en la criminalidad organizada que sufre la región.
Entre estos están los más acuciantes como asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y precursores, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, cohecho y responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros.
Este taller servirá también para desarrollar los instrumentos procesales, a través de manuales operativos, protocolos científico-técnicos y organismos de coordinación y cooperación interinstitucional, que permitan el fortalecimiento de la investigación y la persecución de estos delitos y favorezcan la cooperación jurídica entre los países.
En opinión de la coordinadora general de COMJIB, Marisa Ramos, la criminalidad actual refleja la realidad que vivimos caracterizada por la globalización. “El crimen organizado se mueve a través de los países y aprovecha los vacíos legales para tratar de moverse con total impunidad. Por ello, los instrumentos de carácter nacional son insuficientes para abordar procesos criminales que actúan en varios países de manera simultánea”, subrayó en el acto inaugural.
Por su parte, Juan Pablo Obando, coordinador de la Dirección de Seguridad Democrática del SICA, consideró “que el proyecto ha promovido la confianza en los países centroamericanos, tanto en sus sistemas jurídicos como en su capacidad institucionalidad, para luchar contra el crimen organizado y eso es la base de la integración regional”.
