La regulación de la competencia comercial en México, órgano con autonomía constitucional, es una aspiración de los países centroamericanos y la República Dominicana, donde acaba de concluir un foro internacional de autoridades sobre el tema.
Alejandro Rodríguez, representante del país azteca ante la reunión de autoridades reguladoras de la competencia comercial, relató que ese proceso en su país comenzó en 1993 con la creación de la primera comisión de competencia y la primera ley federal en la materia.
“Luego, en el marco de un proceso de reformas políticas se sentaron las bases institucionales y constitucionales para que la política de competencia fuera una política de Estado, involucrando a actores públicos y privados clave”, comentó, entrevistado por Manuel Jiménez y Felipe Ciprián, en Propuesta de la Noche por Digital 15.
Rodríguez justificó esas reformas en la convicción mexicana de que, como nunca antes, la competencia es uno de los instrumentos más poderosos para generar crecimiento y prosperidad incluyente a largo plazo.
“Es que cuando las empresas compiten tienen que ganar la preferencia del consumidor mediante una mayor y mejor oferta de bienes y servicios a mejores precios”, subrayó.
Cuando son monopolicas, por el contrario, afectan no sólo al consumidor sino también a las demás empresas y en general lo peor es que frustran las oportunidades para el desarrollo de las naciones, contrastó.
Contó que en México, después de veinte daños de acumulación de datos contundentes que indicaban precarias condiciones de competencia en mercados clave para la economía y elevados niveles de concentración en sectores importantes, se reforzó de manera contundente el sistema de competencias.
“Nuestra nueva Comisión (de regulación de competencia) tiene autonomía constitucional, capacidad para emitir sus propios estatutos y reglamentos y se le asignó 60% más de presupuesto este año respecto al anterior”, informó.
En adición, el personal recibe una buena remuneración por el desempeño de sus funciones técnicas muy especializadas y la Comisión tiene instrumentos suficientes y poderosos para investigar, controlar conductas dañinas al mercado (monopólicas, por ejemplo) y para sancionar.
Subrayó que México tomo esa decisión porque la política de competencia no era sólo una nueva ley, sino el centro de otra reformad que abarcó el mercado de la energía, las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En este cónclave inaugurado en la Biblioteca Nacional hasta el pasado 22 de este mes participaron jefes de autoridades de competencia de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala), del Caribe y el presidente de la comisión de competencia de CARICOM, en representación de 15 países. Además, agentes económicos, asociaciones empresariales, industriales, académicos, juristas y jueces, reguladores gubernamentales, y órganos estatales.
Al final se emitió el manifiesto de Santo Domingo en el que a unanimidad los participantes reiteraron su apoyo a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de República Dominicana, que se promulgue una ley general de competencia y se elijan los miembros comisionados del consejo directivo por el Poder Legislativo para que el Poder Ejecutivo designe al director ejecutivo.
