Por Randy Saborit Mora
Guatemala, 13 may (PL) El descontento expresado por guatemaltecos por los tres candidatos de los cuales el Congreso elegirá hoy al nuevo vicepresidente, echa más leña al fuego a la crisis política, mientras los manifestantes exigen la dimisión del mandatario, Otto Pérez.
El órgano legislativo se reunió ayer para decidir quién ocuparía el cargo dejado vacante por la exvicemandataria Roxana Baldetti, quien renunció en medio de protestas en las calles donde se pedía fuera investigada.
El reclamo ciudadano se hizo explícito a raíz de conocerse el 16 de abril el desmantelamiento de una red de defraudación fiscal y contrabando, cuyo presunto líder sería Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia y quien permanece prófugo de la justicia.
Pérez envió al Parlamento un cambio de última hora en uno de los nombres que conforman la terna de la cual los diputados seleccionarán al segundo al mando del Ejecutivo.
El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, fue sustituido de la nómina por el diputado del oficialista Partido Patriota, Olivero García.
Tal cambio se realizó para evitar controversias en cuanto a la interpretación de la ley y para evitar obstáculos en el proceso, informó el vocero presidencial Jorge Ortega al respecto.
El presidente de la Asamblea, Luis Rabbé, convocó a los legisladores para que escojan hoy mismo al vicepresidente entre García, la comisionada presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho, y el secretario ejecutivo del gabinete de Desarrollo Rural, Adrián Zapata.
La propuesta del parlamentario García encendió las alarmas en el Congreso y la población porque de quedar electo, su curul lo ocuparía Daniela Beltranena, asistente personal de Baldetti hasta que esta abdicó el viernes último.
Si Beltranena pasara a ser diputada, adquiriría inmunidad parlamentaria, mientras se especula que podría conocer el paradero de Monzón, pues ella integró la delegación que viajó junto a Baldetti hace casi un mes a Corea del Sur, donde estuvo el hoy buscado por autoridades policiales.
La situación se torna más engorrosa, al saber que quien quede de vicepresidente hipotéticamente podría asumir la Presidencia en el supuesto de que el actual gobernante tenga que dimitir por la presión social.
Paralelamente el movimiento ciudadano #RenunciaYA convocó a estudiantes, médicos y residentes a la cuarta manifestación multitudinaria para el próximo sábado en la Plaza de la Constitución.
"Te invito a vos estudiante de medicina, a vos Residente, a vos Especialista y a todos los que conformamos el gremio médico, a formar parte de este movimiento #RenunciaYA. Y demostrarle al pueblo de Guatemala, que siempre nuestro afán es el bienestar de nuestro país", expresa el llamado.
Mientras todo esto ocurre, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aceptó cambiar de juzgado el expediente contra 22 supuestos miembros de la denominada red La Línea, presuntamente encabezada por Monzón.
La CSJ ordenó a la jueza Marta Sierra trasladar el expediente del caso al Tribunal B de Mayor Riesgo, luego de que el Ministerio Público (MP) argumentara que algunos investigados tienen conexiones con autoridades del Estado, lo que generaría riesgos para testigos y operadores de justicia.
Para añadir más elementos combustibles al asunto, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el viernes anterior un antejuicio en contra la jueza Sierra por cohecho pasivo y prevaricato en su fallo sobre el caso La Línea.
La togada presuntamente recibió un soborno de los abogados de algunos implicados en la red de defraudación aduanera y contrabando, a cambio de beneficiarlos con medidas sustitutivas.
El MP y la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron ese mismo día a los abogados José Arturo Morales, Ruth Trigueros, Jorge Luis Escobar Juez, mientras recapturaron a Francisco Ortiz, alias Teniente Jerez y a Salvador González.
Sierra otorgó ese beneficio a Ortiz, González, Mónica Jáuregui y Miguel Ángel Aldana, quienes pagaron 200 mil quetzales (casi 26 mil dólares) de fianza; en tanto José Gil y Carlos Ixtuc desembolsaron 240 mil quetzales (casi 31 mil dólares).
