Vi en un edición reciente del periódico El Día un titular que dice: Se diversifica el mando en Estado dominicano, y resulta que sí, producto precisamente del proceso de reforma y modernización que ha experimentado la sociedad y el Estado mismo desde el 1996 cuando se creó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, lo que luego se llamó Copryme, más tarde un decreó la eliminó para creare el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE).
Quiérase o no, el país, la sociedad y su plataforma jurídica han cambiado, y que vivimos la rutina, y de vez en vez hay que sacar la cabeza al estilo del aquel ave pescuezo largo que esconde el pescuezo y luego lo exhibde con orgullo y ojo avisor. Así jamás pierde la perspectiva ni se le pasan las fichas. Pero ocurre que nos hemos dedicado a preocuparnos y ver más los asuntos meramente políticos inmediatistas, por ejemplo la cuestión presidencial, si la reelección o no reelección.
La base jurídica del Estado dominicano se transformó, y no ha vuelto a parecerse ni ser igual a lo que recibió el gobierno de Leonel Fernández en el 1996 ni mucho hasta enero de 2010 cuando la Constitución fue proclamada. Algunos cree que se trató de cosas sencillas. Y es lo que explica que el autor del texto publicado por el matutino El Día observe la “diversificación del mando”, sólo que no se trata de personalidades ni cosa parecida. Cuando la Constitución fue modificada en aquellos años en que a Balaguer “le cortaron dos años” el poder pasó prácticamente a la Suprema Corte de Justicia, pero desde hace un tiempo a esta parte se ha cumplido con el propósito de las reformas y modernización predicadas y puestas en marcha en América Latina desde finales del siglo XX hasta entrado el siglo XXI: desconcentrar y descentralizar.
Uno de los aspectos que más ha mejorado incluso en cuanto aspectos culturales o estilos de hacer las cosas, la visión y el apoderamiento del ciudadano es precisamente la cuestión del gobierno local o el poder de los ayuntamientos. Si bien aún queda un largo camino por recorrer, lo cierto es que la ayuda de organismos internacionales, con el financiamientos de los europeos, incluyendo a la desaparecida GTZ, se introdujeron nuevas prácticas municipales. Lo ideal es que las gestiones municipales se conviertan en gobiernos locales, un algo que se produjo y logró en Estados Unidos cuando sus colonizadores iniciaron la construyendo de ese Estado que, de conformidad con sus estudiosos, fue una modalidad administrativa y política distinta a los estados europeos.
Las “altas cortes” están ahí, pero expresan una nueve repartición del Poder. No son de mi gusto, pues entiendo y entendí en su momento que prefiero la fortaleza institucional a crear nuevas instituciones para sustituir a aquella o aquellas llamadas a cumplir al pie de la letra las tareas repartidas ahora entre las nuevas. Algunas cosas no se saben si son zapotes, mangos, cocos o jaguas como lo es precisamente la Oficina de Defensoría del Pueblo, un algo que copiamos de mala manera, para aprobarse en el momento menos adecuada y que fue barajado en los años noventa, y de repente a alguien se le antojó buscar a un defensor del pueblo cuando debimos trabajar mucho más en la fortaleza de nuestro sistema judicial y en algo que se ha dejado de discutir: el Ministerio Público. Por eso insisto en que crear nuevas instituciones para sustituir roles existentes es mantener la debilidad institucional.
