El Tribunal Superior Electoral (TSE), controlado por seguidores del presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, decidió fijar para el miércoles 27 de mayo el conocimiennto de la “Acción de Amparo Colectivo Electoral Preventivo” y de la “Solicitud de Medida Cautelar en Acción de Amparo Colectivo Electoral Preventivo”.
La decisión fue dada a conocer en un comunicado emitido por esa corte en la tarde de este miércoles, en el que identifica la acción como los expedientes números TSE-006-2015 y TSE-007-2015. Ese tribunal fue creado luego de un acuerdo entre el entonces presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Precisa que las iniciativas fueron incoadas por los señores Máximo Ramón Castillo Salas, Jersson Félix Paulino Balbi y Domingo Rosario, a través de su abogado, Máximo Ramón Castillo Salas, contra el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Presidencia de la República, el Senado de la República y la Cámara de Diputados de la República.
El tribunal informa que los expedientes citados se encuentran disponibles en la página Web del Tribunal Superior Electoral “a los fines de que todos(as) los(as) ciudadanos(as) tengan conocimiento del mismo".
Agrega que aquellos ciudadanos que tengan interés de intervenir voluntariamente podrán hacerlo, formalizando su intervención de conformidad con la ley.
"Dichos intervinientes tendrán que depositar en la Secretaría General todos los documentos que pretendan hacer valer por ante este Tribunal, sobre todo los actos de regularización de sus intervenciones, antes de la audiencia que será celebrada el miércoles 27 de mayo de 2015 a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.)”, en el Salón de Audiencia Pública, ubicado en el quinto piso, de las instalaciones del Tribunal Superior Electoral, sito en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Diversos sectores sostienen que ningún tribunal está en calidad de impedir de ante manos que el Congreso Nacional modifique la Constitución de la República, como pretenden las iniciativas.
