Jimaní, Provincia Independencia, 25 de mayo de 2015.- Las unidades interinstitucionales del ejército dominicano realizan a diario por los puntos fronterizos expulsiones colectivas de extranjeros obviando la prohibición de parar las deportaciones respecto de las personas radicadas en el territorio de la República Dominicana que se hayan acogido al Plan de regularización que finaliza el próximo 16 de junio.
En un dispositivo para el que el ejército ha adscrito a 370 soldados, que son rotados cada cierto tiempo, y otra unidad interinstitucional que tiene 300 hombres, los extranjeros son detenidos en sus casas, en sus trabajos o cuando se encuentran en la calle para posteriormente ser expulsados, sin un formulario de registro con la información de las personas, ni un memorándum de deportación firmado por el inspector actuante y el deportado, y mucho menos la notificación a las autoridades del Estado de origen, convirtiendo estas actuaciones en una práctica que viola las normas del debido proceso y el derecho fundamental a la tutela Judicial efectiva.
Con estas actuaciones, a lo largo de los días, se van sucediendo las protestas y la repulsa de muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que observan sin poder hacer nada las persecuciones y la falta de respeto a la dignidad de las personas que los miembros del ejercito realizan con los migrantes que llevan muchos años aquí. Entre las historias que ha podido documentar el Servicio Jesuita se encuentra el caso de Rossette, que fue detenida el pasado lunes en Boca de Cachón cuando regresaba de trabajar en el mercado de Malpaso. Ella tiene 17 años viviendo en República Dominicana, se encuentra realizando sus trámites para la regularización y tiene dos niños inscritos en el proceso de naturalización de la ley 169-14.
Francesca fue detenida el sábado, lleva 16 años viviendo en el país, tiene dos niños pequeños con un hombre dominicano, ha sido detenida dos veces en Jimaní, lugar en el que reside y estudia, y expulsada hacia Haití a pesar de mostrarles a los agentes del Ejercito Dominicano su papel de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Otro caso es el de Adonite, 20 años viviendo en República Dominicana, trabaja y tiene una niña de 5 años con un hombre dominicano, realizó su inscripción en el Plan de regularización hace siete meses y fue detenida ayer para ser deportada cuando se dirigía a su trabajo.
Estas historias no son sucesos aislados sino una práctica cotidiana que miembros de las fuerzas armadas están realizando y que dan como resultado la cifra de 200 personas expulsadas diariamente por los cuatro puestos fronterizos.
Las expulsiones colectivas de extranjeros que se están realizando en estas semanas por parte de los Generales del ejército dominicano en los puntos fronterizos, están prohibidas por el derecho internacional y por el art. 37 del decreto 327-13 de la normativa interna del país, ponen trabas al proceso de regularización, se saltan el respeto a la dignidad de las personas y rompen el compromiso del gobierno de Danilo Medina con el respeto de los derechos humanos, no solamente de los dominicanos y dominicanas, sino también de los extranjeros.
