La aclaración la hizo este lunes el director de Migración, Rubén Darío Paulino Sem, quien explicó que el plazo de los 45 días, a los que hizo referencia el canciller Andrés Navarro es dado a quienes se acogieron al Plan de Regularización.
En ese sentido dijo que aquellos migrantes, en su mayoría haitianos, que no tengan documentos y no se acogieron al proceso son pasibles de deportaciones al concluir este miércoles el plazo.
El funicionario dijo que tiene instrucciones del Presidente de la República, Danilo Medina, para que, dentro del plan de repatriaciones que llevará a cabo esa institución, no se cometan excesos y se respeten los derechos de los migrantes indocumentados.
Pero advirtió que sí tendrán firmeza en el cumplimiento de su deber en el plan de repatriaciones, así como de las leyes y los reglamentos, a fin de que todo indocumentado sea llevado de regreso a su país de origen.
En la mañana de hoy el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, calificó de ilegal el anuncio de prórroga hecho por el gobierno para el inicio de las deportaciones de ilegales haitianos, una vez concluya el plazo del Plan Nacional de Regularización instituido por el Decreto 327-13 el próximo miércoles 17 de junio.
“El próximo 17 vence la prohibición de deportación instituida por el Decreto 327-13 y entra en plena vigencia la Ley de Migración, por lo que el Estado está obligado a iniciar su aplicación en lo que tiene que ver con las repatriaciones de ilegales haitianos. Dar una prórroga de 45 días es ilegal”, expresó el diputado Castillo Semán.
“El Presidente de la República fue muy claro y tajante en su discurso del 27 de febrero en la Asamblea Nacional. Expresó no habría prórroga en cuanto a que todo el ciudadano extranjero ilegal que no estuviera regularizado iba a ser regresado a su país. No puede ahora incumplir con su palabra, violar su propio decreto, la Ley de Migración y la Constitución de la República.
“Haití ha aprovechado la no deportación decretada por República Dominicana para invadirnos con total impunidad. Muchos de los que están hoy en las filas en los centros de regularización acaban de llegar de Haití, no hablan nada de español ni cumplen con ninguno de los requisitos del Decreto 327-13.
El gobierno, no sólo no quiere repatriar, sino que pretende darle estatus legal de dos años automático y general a todos los que estén inscritos en el Plan sin documento alguno de Haití. De ahí saldrán con nombres y apellidos inventados y con estatus legal para reclamar todos los servicios públicos de la República Dominicana”, concluyó Castillo Semán.
