El extremo suroeste de La República Dominicana conocido como Bahía de Las Águilas es la piñata más apetecible de la nación para los políticos en el poder y los empresarios nacionales y extranjeros que medran en el Palacio de Gobierno. Los reformistas fueron los primeros en descubrir el potencial turístico de esta región, por ello hicieron un reparto “apegado a La Ley” consistente en declarar como tierras de calidad agrícola y ganadera dicha zona, por lo que la declararon “apta para el desarrollo de la ganadería y la agricultura”, esto es: apta para la política de Reforma Agraria del Presidente Balaguer. Por eso, ni tontos ni perezosos, la parcelaron a través del Instituto Agrario Dominicano, conforme a las disposiciones de las leyes agrarias vigentes. Claro, los parceleros no podían ser campesinos mas que en tanto prestadores, testaferros, tontos útiles, etc., de dirigentes reformistas, abogados y demás secuaces.
Pero cuando el PLD asume la dirección del Poder Ejecutivo del Estado Dominicano en el año de 1996, el asunto toma otro matiz, pues el fraude operado en la gestión balaguerista empieza desmenuzarse al grado de que el tema va a los tribunales. Al PLD gobierno se le presenta entonces el dilema de si hacer justicia, esto es: si llevar a prisión a los responsables o gobernar, en el primer caso, el tema iría a juicio por tiempo indefinido; en cambio, en el segundo supuesto, el desarrollo del extremo suroeste empezaría de inmediato. Pero había otros riesgos, por entonces el movimiento ambientalista era muy fuerte y estaba en contra del desarrollo turístico indiscriminado.
Además, la comunidad internacional no aceptaba que la única zona virgen de la isla hispaniola fuese vendida al mejor postor y ultimo subastador. Esto unido al hecho de que las figuras públicas que estaban al frente del Ministerio público eran figuras emblemáticas cuya opinión era ley. Así las cosas se decidieron suspender el desarrollo e iniciar una batalla judicial que todavía hoy (más de 20 años después) esta en los tribunales.
Los dos temas que no fueron entonces ponderados fueron, en primer termino, que los reformistas estuvieron siempre en la mejor disposición de devolver los títulos de dichos terrenos con la única condición de que el tema no fuese judicializado, a lo que se opuso el Ministerio público de entonces, y, segundo, que el Ministerio de Turismo, opino al respecto decantándose a favor de la posición de los reformistas. Pero dada las recias personalidades existentes en el Ministerio Publico, se decidió abandonar el tema, esto es: dejarlo en manos de la justicia.
Cuando se da el cambio de mandos en el año 2000, la política publica cambia en el sentido de que el asunto se sigue complicando pues los dueños que eran un puñado en 1996, crecían como la verdolaga hacia el año 2000 y lograron cierto cabildeo ante el Ministerio Público que creó la ilusión de que el asunto quedaría bajo el dictado del articulo 544 del Código Civil, esto es: que el derecho de propiedad particular se impone aun al propio Estado, el cual fue quien titulo a privados sobre terrenos que todo mundo los sabia públicos pero que se había operado un transito hacia lo privado. Es decir, la utilidad pública fue convertida en inversión pública. Obsérvese que en todo esto la posición ambientalista va siendo sacada del juego por la piñata Bahía de Las Águilas. Obsérvese también que la posición del Estado queda cada vez mas oscura pues la posición estatal oscila entre desarrollar directamente la zona o permitir que lo haga la mano privada, en cualquiera de los casos, el impedimento es la judializacion del asunto que se opero en el periodo 1996-2000.
Llega el periodo gubernamental 2004-2012, en estos periodos la privatización continua incluso con auspicio estatal. De modo que el tema es ya claro: se desea desarrollar Bahía de Las Águilas pero lo impide el problema judicial.
Ahora estamos en el periodo 2012-2016 y como salida al tranque judicial se presenta la ley de fideicomiso sin que el tranque judicial haya tenido salida. ¿Es legal todo esto? ¿Se habrá resuelto el asunto de la propiedad? ¿Dónde ha quedado la posición ambientalista? Estas y otras preguntas quedan en el tintero. Mas nos adelantamos a opinar que el asunto no es todavía conclusivo por varias razones que en otra ocasión abordaremos. DLH-22-6-2015
