Para contrarrestar a los grupos de presión internacionales opuestos a la política migratoria del país y en particular al Plan de Regularización de Indocumentados en su mayoría haitianos, el gobierno reforzó la contratación en el extranjero de afamadas oficinas de cabilderos (lobitas), informó el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (DIAPE), Ramón Tejada Holguín.
“Se trata de reputadas y muy bien acreditadas agencias, sobre todo en los Estados Unidos que en algunos casos ya estaban prestándoles servicios al país, pero que ahora están reforzando esa asistencia”, dijo Tejeda Holguin sin identificar a esas firmas extranjeras especializadas en lobbismo.
También informa a diario a los miembros de su cuerpo diplomático en el extranjero sobre las fases diarias del proceso a fin de que puedan responder a cualquier pregunta hasta en reuniones con organizaciones no gubernamentales y de representantes de países que intervienen en el proceso, dijo.
Tejada Holguín, entrevistado por Manuel Jiménez y Felipe Ciprián en Propuesta de la Noche por Digital 15, declaró que las críticas en algunos casos se deben a confusión por falta de información pero en otros a competencia de intereses.
“En el fondo, el alcalde de Nueva York (Bill de Blasio) no llamó propiamente a boicot al turismo dominicano sino que, quizás por falta de información disponible, respondió que posiblemente se contemplara, al responder a un periodista que le insinuó si no tendría poco sentido condenar en abstracto al país”, interpretó el estratega gubernamental.
Fundamentó aun más su argumento en que la política migratoria que él aplica en Nueva York es la misma que aplica ahora la República Dominicana y recordó que tan liberal es este alcalde que defendió en la ocasión la guerrilla sandinista en Nicaragua.
“Pero hay otros sectores por ejemplo aquí en el Caribe que nos ven como competencia en turismo y otros que, por ser nuestra economía más grande, temen nuestro ingreso al CARICOM”, a propósito de lo cual recordó que su presidente, Ralph Gonsalvez, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, ha sido enterado más de una vez del Plan, la reciente por el canciller Andrés Navarro durante los días 10 y 11 de este junio en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bruselas.
Empero, Tejada Holguín citó el apoyo que desde hace unos meses recibe el Plan de Regularización de parte de los organismos del sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica, a los que el Estado dominicano mantiene informados del proceso de manera permanente.
“No obstante, en la República Dominicana como en Haití hay sectores tradicionalmente muy recalcitrantes, aunque una gran parte de la élite haitiana vive y estudia aquí y mantiene relaciones muy estrechas con el país”, subrayó.
Tejada Holguín dijo que aunque en un sector importante pero no muy grande del país persisten dificultades con Haití, los representados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) respaldan al presidente Danilo Medina y el Plan que venció este junio, el pasado día 17.
A partir de ahora una proporción de indocumentados, que el funcionario estimó en quince mil, la mayoría haitianos que no cumplieron con los requisitos, han abandonado el país de manera voluntaria, sin la puesta en marcha de repatriaciones oficiales, comentó.
Comentó que hasta la República Dominicana no tenía una política migratoria clara hasta 2014, cuando se promulga la primera ley de migración y su reglamento siete años después, en 2011, por lo que los extranjeros llegaban tras pagar una tarjeta de turistas, conseguían trabajar y hasta se casaban o divorciaban, sin que en la práctica se aplicara ni la ley ni el reglamento. Sólo se puso término a las “tres hojitas” de extranjería que existían desde la dictadura trujillista.
“Por todo esto a principios de este gobierno y tras una sentencia del Tribunal Constitucional surge este Plan para aplicar la ley y el reglamento de migración a todos los extranjeros, a quienes se les dieron diez y ocho meses para que consiguieran la documentación y regularizaran su situación, y el gobierno reconociendo que no podía conminarlos a que se fueran, debido al desorden precedente. Pero quienes ahora permanezcan en el país de manera irregular tendrán que respetar la ley, como en cualquier otra parte del mundo”, subrayó el funcionario.
El director de la DIAPE anunció que, tras el procedimiento ejecutado, si se detecta un indocumentado que pretenda permanecer ilegalmente en el país se les tomarán sus datos biométricos y no podrá solicitar reingreso sino hasta tres años después.
Recordó que en el país hay otro grupo de inmigrantes sin actas igual que otros dominicanos, lo que implica un problema de nacionalidad distinto.
“El Plan tiene que ver con la migración y ha sido diseñado para la repatriación en base a controles que garantizan que una persona nacida en el país no será expatriada, y si apareciera uno que otro caso será resuelto”, aseguró.
