El Centro Dominicano de Fortalecimiento y Estudio de la Seguridad Social (CDFESS) exigió respeto para el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y los magistrados que le acompañan en una jornada académica en Puerto Rico, hecho ocurrido el viernes en la noche.
Activistas que critican la sentencia 168-13 que desnacionalizó a miles de dominicanos de origen haitiano se presentaron a un acto convocado por la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) que tenía coo invitado a los magistrados, los tres comprometidos y defensores del dictamen.
CDFESS rechazó las manifestaciones contr
a el Dr. Milton Ray Guevara y los Magistrados Justo Pedro Castellano y Rafael Díaz Filpo, quienes participaron el pasado sábado en un foro organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en la hermana nación.
El representante del CDFESS, José Miguel Fernández, calificó de irracional, tanto la actitud de los manifestantes, como la petición al Secretario de Justicia de Puerto Rico, de algunas entidades que pretenden que los magistrados sean investigados por la Sentencia TC 0168-13, emitida con la finalidad de regularizar la situación de los inmigrantes extranjero que residen de manera ilegal en la República Dominicana.
Fernández sostuvo que el presidente del Tribunal Constitucional y los magistrados merecen el respaldo de todos los dominicanos y de las personas sensatas de otras naciones, la realidad es que la referida sentencia viene a organizar y eliminar el desorden que durante tantas décadas imperó en el territorio dominicano en relación a los extranjeros ilegales.
Fernández definió al Tribunal Constitucional y sus magistrados, como un órgano independiente, honesto y transparente, que con valentía y responsabilidad evacuo la trascendental sentencia 168-13, para permitir que miles de haitianos y extranjeros de diferentes nacionalidades ilegales en el país puedan regularizar su situación.
La entidad defendió en texto del dictamente al plantear: "La sentencia cumple con el principio de legalidad y de soberanía de todo Estado libre, así lo demuestra el proceso de regularización llevado acabo por las autoridades competentes, en el cual se registraron aproximadamente 300 mil extranjeros, proceso que ha puesto en evidencia que con anterioridad a la sentencia del TC, primaba el negocio y la irresponsabilidad de algunos militares, políticos, ONG y empresarios con afán de lucro desmedido".
Explicó, que la misión del tribunal es salvaguardar la supremacía de la Constitución y los tratados vigentes en la República Dominicana, así como los derechos fundamentales de las personas e instituciones, apoyado en una visión orientada a fortalecer el estado de derecho, fundamentado en el principio de legalidad. En ese tenor citó el Artículo 48 de la Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional el cual dispone lo siguiente “Artículo 48.- Efectos de las Decisiones en el Tiempo. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir. Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso.”
