En nuestro comentario anterior nos hacíamos las siguientes preguntas a propósito del anuncio presidencial sobre el desarrollo turístico en Bahías de Las Águilas ¿Es legal todo esto? ¿Se habrá resuelto el asunto de la propiedad? ¿Dónde ha quedado la posición ambientalista? Estas y otras preguntas quedan en el tintero. Ahora estamos en el periodo 2012-2016 y como salida al tranque judicial se presenta la ley de fideicomiso sin que el tranque judicial haya tenido salida.
Vamos a intentar algunas respuestas: primero, el Estado parece haber tomado conciencia sobre la pertinencia de emplear el turismo como motor para lograr el desarrollo de la zona. Eso está bien pero de inmediato surge una interrogante ¿Cuál turismo es el adecuado? Evidentemente que todos responden que un turismo que respete el medio ambiente del lugar lo que implica –de entrada- considerar que turismo y medio ambiente son compatibles, posición con la cual no tenemos diferencia. El problema surge cuando notamos que, en casi todo el territorio nacional, de planificaciones y anuncios no carecemos, a la inversa, andamos sobre cargados de estudios que nunca se ponen en ejecución, que son constantemente modificados y sustituidos en función de los vientos y de cambios muchas veces contradictorios. El optimismo nos invita a dar derecho a la duda al nuevomesías.
Sin embargo, si pasamos a entender que turismo y medio ambiente son compatibles, debemos también ser conscientes de que en la zona existe minería, si nos hacemos la pregunta de si minería y turismo son compatibles la respuesta es a todas luces negativa. Si nos preguntamos si minería y medio ambiente son compatibles la respuesta también será negativa. Lo cual implica que de entrada, Bahía de Las Águilas podría estar teniendo éxito en la defensa de la naturaleza al anunciarse unos planes de desarrollo que por necesidad implican el destierro de la minería. Igualmente, los partidarios del desarrollo turístico estarían teniendo éxito en la defensa del medio ambiente del lugar.Por tanto, el turismo podría ser compatible con el impacto ambiental del desarrollo siempre que los planes sean ejecutados conforme a las leyes y normas ambientales vigentes nacional e internacionalmente. Pero hay más, supuestamente existe un punto de vista proclive al desarrollo del turismo de masa. Ahí podría estar metida la trampa pues una vez puesto en marcha el desarrollo se crean las condiciones para los cambios de posiciones en torno al tipo de turismo a desarrollar. Por tanto, tampoco en las relaciones turismo-medio ambiente se ha dicho la última palabra, como tampoco ha sido dicha en materia de minería.
Viene a continuación la pregunta de si el proyecto desarrollista anunciado por La Presidencia es legal. A nuestro juicio ahora es cuando inicia la discusión sobre lo legal, lo ético y las políticas públicas del gobierno, pues bajo un Estado de Derecho, no pueden anunciarse planes de desarrollo sin que exista una salida legal a un conflicto, máxime cuando es de larga data. Pues más que respuestas, surgen interrogantes sobre el modelo de desarrollo turístico puesto en marcha en el país, y sobre el pertinente de la zona. No dudamos de los planificadores, pero todos sabemos que cuando la política incursiona en un asunto surgen los intereses y los intereses, intereses son. Entonces renace el conflicto jurídico pues el tema de la propiedad regresa al primer plano: es decir, si todos parecen estar de acuerdo en que es conveniente desarrollar por intermedio del turismo la zona, resulta obvio que el conflicto de propiedad que inicio el Ministerio Publico carece de sentido porque el fondo del mismo tendría como única finalidad: hacer un despojo sobre un despojo sobre el mismo asunto, es decir: lo único que se ha logrado es cambiar los actores del mismo proceso porque el Estado no puede despojar al sector privado para pasar a sustituirlo en asuntos de inversiones privadas. El Estado debe distinguir entre propiedad pública y propiedad privada, entre asuntos de interés privado y asuntos de interés público. Si el argumento es el destino de los terrenos: conservacionista, dicha postura, para ser legítima debe ser la misma para el interés privado como para el público.
Por tanto, todavía falta mucho que decir sobre Bahía de Las Aguilas.DLH-25-6-2015
