La Alianza Por la Democracia, APD, afirmó hoy que a más de 50 mil dominicanos de ascendencia haitiana no se les ha reconocido su nacionalidad dominicana y que al estar en condición de apátridas, corren peligro de ser deportados hacia Haití. Según la organización política esta cifra podría ser mucho más elevada pudiendo llegar el número de afectados a más de 100 mil.
“No es cierto que en República Dominicana no hay apátridas”, expresó la APD al acusar al gobierno dominicano de querer “tapar el sol con un dedo”, al afirmar que la apatridia desapareció al habérsele restituido su nacionalidad a 55 mil personas despojadas y haber inscrito para fines de naturalización a otras 8,775 en el marco de la Ley 169-14, para un total de 63,775 personas.
“Las 8,775 personas inscritas para ser naturalizadas dentro de dos años acogiéndose al plan B de la Ley 169-14, son realmente apátridas, ya que no tienen otra nacionalidad mientras aspiran a obtener la nacionalidad dominicana vía la naturalización como si fueran extranjeros”, aclaró.
Dijo la APD que en el manejo de las cifras que utilizó el presidente Danilo Medina en su reciente discurso de Guatemala dejó fuera de sus cálculos a 38,246 dominicanos de ascendencia haitiana sin ningún tipo de documento de identidad (según la Encuesta Nacional de Inmigrantes), que no se registraron como parte del Grupo B definido por la Ley 169-14.
“Estas 38,246 personas son apátridas, al igual que las 8,775 que esperan ser naturalizados dentro de dos años, lo que hace un total de 47,021 de personas apátridas de fácil comprobación”, expresó la organización política, señalando a seguidas que las múltiples trabas y dificultades para obtener sus documentos que se siguen poniendo a las personas de padre o madre haitiana (que son 105,381 según la ENI), podría hacer ascender el número de apátridas en nuestro país a más de 100 mil personas.
Al presidente Medina se le olvidaron estos dominicanos y dominicanas porque los sigue considerando haitianos, al margen de lo establecido por la constitución y las leyes dominicanas y el derecho internacional.
Para la APD los dominicanos de ascendencia haitiana que no poseen documentos son el sector más vulnerable y podrían ser deportados hacia Haití a pesar de no ser haitianos y no poseer ningún vínculo con ese país.
Consideró que el Estado dominicano, comenzando por el presidente de la República, está obligado a pedirle perdón a los dominicanos descendientes de padres haitianos por los daños que han recibido desde el 2007 como consecuencia del despojo de sus documentos legales de identidad como actas de nacimiento y cédulas, y por la negativa de las autoridades a inscribir a sus hijos e hijas en el registro civil.
Manifestó que muchas de estas personas, a consecuencia del despojo de su nacionalidad y de los documentos que la acreditan como dominicanas, perdieron empleos, oportunidad de estudiar, de viajar al extranjero, realizar transacciones bancarias, realizar actos ordinarios de la vida civil, y recibieron vejación y hasta violencia por parte de autoridades por aparecer como “extranjeros con una estadía irregular en el territorio nacional”.
“Además de pedirles perdón y de alguna forma resarcirles el daño causado a estos compatriotas, el gobierno debe de inmediato reconocerles la nacionalidad dominicana a los que aún no han podido acogerse a la Ley 169-14 por los excesivos requisitos exigidos por ésta”, señaló.
APD reclamó que a todas las personas nacidas en el país de padres haitianos antes del 26 de enero de 2010, el gobierno les reconozca la nacionalidad dominicana sin que tengan que agotar el trámite de naturalización establecido en la lay 169-14.
Aseguró que las disposiciones establecidas por la Ley 169-14 para el grupo B de los dominicanos de ascendencia haitiana indocumentados es en realidad una consagración oficial de la apatridia, lo que considera intolerable a los luz de los derechos humanos y de los compromisos suscritos por el Estado dominicano.
Planteó que si el gobierno desea escapar de la reprobación moral y de sanciones de la comunidad internacional, en vez de gastar millones de dólares en publicidad y en lobistas, lo que debe hacer es acabar de restituir la nacionalidad a todos los dominicanos de padres haitianos y otorgar residencia, aunque sea provisional, a los 283 mil inmigrantes haitianos que se inscribieron en el Plan de Regularización flexibilizando requisitos y papeleos que la mayoría de ellos no podrá obtener.
Aconsejó al gobierno a que abandone el cinismo de señalar como magnanimidad de las autoridades y como éxito del Plan de Regularización la huida de miles de inmigrantes haitianos hacia su país por temor al despojo de sus bienes y a la violencia que sufrirían ellos y sus familiares en caso de ser repatriados por el ejército dominicano.
Dijo que el gobierno desplegó en las últimas semanas una campaña de temor e intimidación, amenazando con la deportación masiva a los inmigrantes que no lograran inscribirse en el Plan de Regularización antes de vencerse el plazo el pasado 17 de junio.
Indicó que los inmigrantes que están retornado por sus propios medios a Haití, no quieren volver a sufrir los actos de extorsión y violencia que han experimentado en el pasado de parte del ejército y de funcionarios de migración. El recuerdo en la memoria colectiva del genocidio perpetrado en el año 1937 por la tiranía trujillista, está seguramente presente en el éxodo masivo de estos días.
