Dentro de las armas figuran escopetas, pistolas, revólveres y fusiles, así como rifles de pedigones que fueron ocupados en operativos y allanamientos realizados en diferentes puntos del país
Santo Domingo.- Las autoridades del Ministerio Público informaron que fueron confiscadas más de 500 armas de fuego ilegales de diferentes tipos y calibres, durante operaciones desarrolladas en el primer semestre del año a nivel nacional.
La información fue ofrecida durante una rueda de prensa que encabezaron el procurador general, Francisco Domínguez Brito, y el titular de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, José Alberto Jiménez, acompañados de una delegación de la Agencia Brasileña de Cooperación que se encuentra en el país para tratar asuntos relativos al desarme.
El procurador Domínguez Brito informó que intercambian experiencia con Brasil con el propósito de utilizar la metodología implementada por esta nación para enfrentar el uso ilegal de las armas de fuego.
Refirió que la mayoría de los crímenes en República Dominicana suceden para despojar a las personas de sus armas, por lo que dijo se hace necesario que en el país se genere una conversación seria referente al tema.
“Si no podemos tener una América Latina sin armas, entonces que tengamos una República Dominicana sin armas”, expresó.
El Procurador General agradeció el apoyo que han recibido sobre este tema de parte de la delegación de la Agencia Brasileña de Cooperación, representada por la secretaria nacional de Seguridad Pública de Brasil, Regina Miki, y de Beatriz Cruz Da Silva.
En la rueda de prensa también habló Regina Miki, quien sostuvo que hay que crear conciencia en la población de que la única finalidad de las armas de fuego es provocar la muerte, ya que a su juicio no es un instrumento de defensa, sino de ataque.
La funcionaria brasileña reveló que con el programa que llevan a cabo en su nación de manera voluntaria han sido entregadas 700 mil armas de fuego. “Cada vez que un ciudadano entrega un arma a las autoridades realiza un acto de vida y a favor de la vida”, proclamó.
Señaló que el 20 por ciento de las muertes en el mundo las aporta América Latina, todo esto fruto del mal uso de las armas.
De su lado, el viceministro de cooperación internacional del Ministerio de Planificación de la Presidencia, Inocencio García Javier, dijo que la destrucción de esas armas forma parte de la cooperación del gobierno del Brasil con la Republica Dominicana en lo referente al desarme de la población.
Armas incautadas
Dentro de las armas figuran escopetas, pistolas, revólveres y fusiles, así como rifles de pedigones que fueron ocupados en operativos y allanamientos realizados en diferentes puntos del país por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Las armas fueron ocupadas por casos de violación a diferentes tipos penales como son: robo, homicidio, drogas, lavado de activos y trata de personas, así como por la violación de la Ley 36-65 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
Las autoridades informaron que tras cumplir con el proceso judicial de rigor y acorde a la política que coordina el Ministerio de Interior y Policía y los convenios internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria, las armas serán destruidas en los próximos días en la sede de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, ubicada en el Km. 25 de la Autopista Duarte.
Con la destrucción de este nuevo cargamento sumarán alrededor de 5 mil trescientas las armas destruidas después de la creación de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas hace más de un año, obteniendo el Ministerio Público en la mayoría de estos casos condenas que van desde uno hasta 30 años de cárcel.
Durante el desarrollo de la rueda de prensa, que tuvo lugar en la sede de la Procuraduría General de la República, las autoridades mostraron las diferentes armas de fuego que han sido confiscadas en estos primeros seis meses del presente año.
La delegación brasileña se encuentra en el país trabajando junto a las autoridades dominicanas en el marco de un convenio para el proyecto de desarme.