El abogado Namphi Rodríguez advirtió que la aprobación de la Ley para la Iniciativa Legislativa Popular no tendrá un impacto significativo en la democracia dominicana, debido al poco desarrollo de las élites políticas del país y a la exigencia de un 2 por ciento del registro de votantes para poder presentar un proyecto de ley.
Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santo Domingo y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que la figura de la iniciativa legislativa popular es un tránsito de la representación a la democracia directa o participativa.
“Es el artículo 2 de la Constitución el que establece la dualidad de sistemas de representación y participación, pero para eso se necesita madurez de la clase política y que las élites no entiendan que los ciudadanos están ocupando sus espacios”, adujo.
Precisó que un 2 por ciento del registro de electores de la Junta Central Electoral es un elemento que “desincentiva a los ciudadanos para que se embarquen en semejante tarea con el sólo objetivo de proponer un proyecto de ley que bien puede ser dejado de lado por la apatía y el desinterés de los legisladores”.
Señaló que hubiese sido más conveniente que la Constitución y la ley siguieran modelos como el ecuatoriano, donde sólo se requiere de un 0.25% de los inscritos en el registro electoral para ejercer ese derecho.
“O, simplemente, que se pusieran número absolutos, tales como 5 mil o 10 mil firmas para presentar un proyecto de ley”, deploró Rodríguez, al considerar que en naciones como Reino Unido no se exige ningún requisito para que el ciudadano pueda ejercer ese derecho.
El profesional del Derecho consideró que en una futura reforma constitucional hay que bajar el porcentaje para que la democracia directa y la participación del ciudadano puedan ser realidades.
“Este derecho de iniciativa legislativa, el referendo, la iniciativa normativa municipal y los presupuestos locales participativos son conquistas que tenemos que pensar cómo llevarlas a la realidad, no desarrollarla en un plano formalista”, agregó.
Advirtió que pese a ser consagrada en legislaciones nacionales, en América Latina esta figura ha sido meramente decorativa por la falta de madurez y por las raíces autoritarias del partidismo político.
“El derecho a iniciativa legislativa popular y la posibilidad de que ciudadanos no pertenecientes a partidos políticos puedan presentar candidaturas independientes son desafíos imperativos de la democracia dominicana del siglo XXI”, concluyó.
Jueves 09 juliio, 2015.
