De modo que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe de evitar que el prejuicio y/o las ardides diplomáticas haitianas se impongan en la observación del caso que haría la misión a ser enviada a nuestro país.
La comunidad internacional ha estado reaccionando a las consecuencias que pudo tener la descabellada sentencia 168-13, que dejó de nacionalidad a miles de dominicanos por su origen haitiano, y evade las acciones del gobierno del presidente Danilo Medina para evitar que esos compatriotas fueran convertidos en apátridas.
A raíz de ser dictado el inesperado fallo del Tribunal Constitucional, que se planteó el impacto que el mismo representaba para hijos e hijas de inmigrantes haitianos, el primero en declarar el carácter injusto del mismo fue el presidente Medina, expresiones que alborotaron a grupos anti haitianos que lanzaron contra el mandatario todo tipo de improperios y advertencia.
Todo el mundo sabe el complejo clima internacional que comenzó a enfrentar el Gobierno, no solo proveniente de Estados Unidos y Europa, sino del Caribe y de naciones latinoamericanas aliadas de República Dominicana, como Venezuela cuyo presidente Nicolás Maduro declaró que ante la situación creada estaba al lado de Haití.
La primera acción del gobierno fue la de evitar el aislamiento internacional, explicando en los foros diplomáticos no solo el carácter de esta sentencia, sino dando garantías de que ningún dominicano quedaría despojado de su nacionalidad.
Para corregir esa sentencia, el Gobierno auspició la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Naturalización, la Ley Nº. 169-14 que establece entre sus objetivos un régimen especial en beneficio de hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007, asentados en los libros del Registro Civil dominicano.
Hace unas semanas, la Junta Central Electoral (JCE) informó que como parte de la aplicación de esta ley, a unos 55 mil hijos de inmigrantes nacidos en República Dominicana, en su mayoría haitianos, les fueron devueltos sus documentos que los acredita como dominicanos, un hecho que es obviado por la comunidad internacional que sigue aferrada a creer todo lo que diga la diplomacia de Haití, desconociendo los esfuerzos institucionales del Gobierno para corregir los efectos de una sentencia a todas luces violatorias de los derechos humanos.
Es probable que aun queden dominicanos del mismo origen pendientes de que se haga justicia con ellos, pero lo que manda ahora no es solo denunciar generalidades, sino aportar los nombres de afectados, y que las autoridades dominicanas investiguen cada uno de los casos.
En cuanto a los inmigrantes indocumentados, se ha puesto en marcha el “Plan Nacional de regularización de extranjeros en situación irregular radicados en la República Dominicana”, al cual se han inscrito 284 mil 466 extranjeros, de acuerdo a lo informado por las autoridades de Migración, iniciativa que tampoco se ha estado tomando en los foros de la comunidad internacional.
Tampoco dudo que haya miles de inmigrantes indocumentados sin regularizarse, pero estos tuvieron el tiempo -18 meses- suficiente para hacerlo, -pues el calendario incluso se prolongó para facilitarlo- y si muchos no pudieron inscribirse se debe, en muchos casos. a que el país de origen, Haití, no les proporcionó los documentos requeridos y sin los cuales era imposible registrarse.
Lo que se ha advertido es que en ambos procesos, las leyes creadas y las acciones de las autoridades, han estado inspiradas en hacer justicia tanto con los dominicanos hijos de inmigrantes, como con los inmigrantes indocumentados.
Sospecho que haya razones productivas que en lo inmediato harían factible la regularización de muchos de esos indocumentados para ser usados en la construcción y agricultura y otros servicios en República Dominicana, y si no lo han logrado no es por culpa de las autoridades nacionales.
De modo que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe de evitar que el prejuicio y/o las ardides diplomáticas haitianas se impongan en la observación del caso que haría la misión a ser enviada a nuestro país.
A esa misión, se le debe posibilitar que visite y hable en todos los escenarios donde hay inmigrantes haitianos: en hoteles, predios agrícolas, obras en construcción y condominios, donde laboran miles de ciudadanos de la vecina Haití y podrán apreciar el trato que se les concede a esos inmigrantes y contactar con ellos el trato recibido a raíz de la sentencia 168-13.
Me encuentro entre los que se oponen a que un solo dominicano sea despojado de nacionalidad por su origen haitiano, y detesto las argucias de grupos que se empeñan en ese propósito. Ahora bien, la inmigración es otra cosa y creo que República Dominicana tiene absoluto derecho a controlarla, y como lo hacen otras naciones tiene el deber de invitar a salir o sacar del mismo a todo extranjero que no pueda justificar su presencia aquí.
Satisface que las repatriaciones que se han hecho han estado revestidas del respeto a los derechos a esos inmigrantes y que las autoridades se han comprometido a que no serán masivas o colectivas, como en épocas pasadas donde si estaba presente el abuso contra estos.
Ahora bien, la repatriación de uno o varios extranjeros no pueda estar sujeta a la voluntad del país de origen de estos. Haití está en la obligación de recibir a todo aquel de lo suyo que no pueda justificar su presencia de este lado y no regatear ese derecho de República Dominicana en los foros mundiales.
