Pocas instituciones han podido ser tan exitosas en tan poco tiempo, como lo ha sido a la fecha, El Pro Consumidor. Si nos preguntamos a qué debe este organismo de defensa de los derechos del consumidor su éxito, debemos sin titubeo afirmar que se debe a que al frente del mismo, más que una funcionaria pública, se encuentra una persona comprometida con el movimiento consumerista nacional e internacional.
Es decir, para consolidar los derechos de tercera generación que La Constitución denomina derechos fundamentales bajo el Estado Social, se hace necesario que personalidades ligadas al asunto que la ley pone en manos de los gestores de políticas públicas provengan del sector a que pertenezca el órgano ejecutor de políticas públicas de lugar.
Las mediciones o encuestas muestran que el Pro Consumidor está dentro de las instituciones públicas mejor valoradas por la población. De modo que es negocio para El Estado colocar en puestos donde la nota central sea la puesta en práctica de nuevos derechos en el medio nacional, a personas con compromiso social inconfundibles. Esto explica además, el por qué ciertos órganos sectoriales con más recursos y con más personal, se encuentran a la saga del Pro Consumidor.
No es casual que, por ejemplo, El Indotel haya perdido espacio en la aceptación de la gente, esto es: los usuarios no sienten confianza en que acudiendo a las oficinas de este, encontraran solución a la queja que tengan. Igual ocurre con Pro usuario de la Superintendencia de Bancos y Protecom de la Superintendencia de Seguridad, allí los usuarios no tienen nada que buscar pues el personal encargado más que con los derechos del consumidor, se encuentra comprometido con el derecho empresarial, lo que constituye una violación flagrante a La Carta Sustantiva de La Nación. Que decir de lo que ocurre en Salud Pública: el pueblo no se siente representado en esos órganos por lo que acude en masa a Pro Consumidor.
Por lo anterior, es que muchos sienten pánico al ver que se acerca el fin del mandato otorgado por la ley a la actual Directora Ejecutiva licencia Altagracia Paulino, pues usual que los políticos no respeten la letra de la ley ni los principios democráticos sino que hagan uso y abuso del poder.
Esto es: temen que de salir La Licda Paulino, el caos se apodere del mercado nacional de bienes y servicios y el consumidor no encuentre quien le defienda. A estos, como a los que se frotan las manos esperando el cese de las funciones de la actual Directora, les decimos que afortunadamente, el legislador fue sabio al votar La Ley 166-13, pues a partir de la misma, cesó la ley 358-05, pues ahora el periodo de la Directora de Pro Consumidor, es por seis años y no por dos como ocurría antes de la Ley 166-13.
Esta ley no fue votada para complacer a La Licenciada Paulino, como algunos creen, ni para complacer a organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, la misma fue votada por aplicación pura y simple de compromisos que contrajo el Estado Dominicano con la firma del DR-CAFTA. La estandarización de calidad, precios y normas iguales para los estados firmantes del referido tratado implica la adopción de una legislación acorde con los principios u obligaciones formalmente adquiridas por la nación erigida en Estado que buscan institucionalizar áreas específicas del mercado de bienes y servicios.
El viejo principio jurídico según el cual la ley nueva deroga la ley anterior sirve ahora como garantía para que los usuarios de bienes y servicios dominicanos no tengan nada que temer con relación a cambios en Pro Consumidor. El gobierno mismo, como el sector privado, saben muy bien que para que el mercado funcione correctamente es conveniente que los consumidores estén orgánicamente representados, no solo en Pro Consumidor sino en otros órganos donde existen representaciones inorgánicas de los consumidores.
Nadie se llame a engaño, La Señora Paulino, la defensora de los derechos del consumidor, permanecerá en el cargo por el tiempo que La Ley nueva establece. De manera que el éxito de Pro Consumidor está garantizado por una legislación no solo moderna sino oportuna y por una Constitución garantista.
Toca ahora a las organizaciones de consumidores, a los consumidores individual y colectivamente y al propio gobierno, garantizar los pedidos ciudadanos de continuidad de La Licenciada Altagracia Paulino en Pro Consumidor, así como el empresario posee –en todos los órganos colegiados- una representación orgánica, pues es la garantía de que los consumidores y usuarios seguirán siendo debidamente defendidos tanto en la esfera local como en la internacional. Sin que dicho órgano pase a ser una nómina más. DHL-13-7-2015
