NEW YORK, EE.UU.- El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, abogó hoy por el cese de la campaña internacional de descrédito con "acusaciones infundadas" en contra de la reforma migratoria que encamina el Gobierno dominicano, apegada estrictamente a la Constitución y al respeto de los derechos humanos, al tiempo que pidió a las autoridades de Haití que asuman con responsabilidad la demanda de sus ciudadanos haitianos, y cesen la promoción de la campaña negativa contra la República Dominicana.
El funcionario hizo el planteamiento al reunirse con los embajadores permanentes ante el Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) en la sede de las Naciones Unidas (ONU), acompañado de una delegación dominicana que defiende la nueva política migratoria que incluye el Plan Nacional de Regularización, iniciativa que ha permitido a más de 288 mil extranjeros registrarse para adquirir un estatus migratorio regular.
"Llamamos al gobierno de Haití que descontinúe esa campaña de descrédito en contra de una nación como la República Dominicana, que ha demostrado con creces y en diferentes coyunturas, su solidaridad con la población del vecino país, además de que se trata de una gran mentira la acusación que se nos hace en el sentido de que en el proceso de regularización se violan los derechos humanos sin presentar ni una sola prueba de esa situación", refirió Navarro.
El funcionario declaró que el Plan de Regularización de Extranjeros que ejecuta el gobierno dominicano está revestido de una profunda voluntad política, transparencia, sentido democrático y defensa de los derechos humanos, además de que ha significado un gran sacrificio económico por las facilidades concedidas a los que se acogieron al plan.
"Como todos conocerán, nuestro país es víctima de una intensa y desconsiderada campaña internacional de descrédito que busca dañar nuestra imagen sobre la base de juicios de valor negativos en contra de la política migratoria en el territorio nacional".
Precisó que si el gobierno haitiano quiere el bienestar de sus ciudadanos, lo primero que debe hacer es discontinuar esos desconsiderados ataques en contra de la República Dominicana, "pues es la autoridad del vecino país quien no asumió su responsabilidad de facilitarles la debida documentación a los haitianos que residen en nuestro país en condición irregular".
Recordó que en momento en que el gobierno dominicano se gastaba cerca de dos mil millones de pesos para darle participación a la mayor cantidad posible de extranjeros que quisieron acogerse al Plan de Regularización, "el gobierno de Haití se comprometió a instalar cinco oficinas en la República Dominicana para la expedición de documentos a sus nacionales, medida que nunca asumió con responsabilidad mientras hoy la emprende contra la nación dominicana.
Hablando ante decenas de diplomáticos del referido bloque regional, Navarro sostuvo que la República Dominicana ha hecho esfuerzos sobre humanos para resolver la actual situación de irregularidad de los haitianos, "y hemos apelado permanentemente frente al gobierno de Haití para que facilite la documentación de su gente, pero no asumieron esa responsabilidad".
Expuso que en las actuales condiciones de "acusaciones sin pruebas que mantiene el gobierno de Haití contra la República Dominicana, lamentablemente no es posible retomar un diálogo franco, abierto, sincero y respetuoso como el que habíamos avanzado a través de las respectivas Comisiones Mixtas Bilaterales".
Frente a la denuncia "sin pruebas" del embajador permanente de Haití ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Denis Regis, quien habló después de la exposición de la delegación dominicana, en el sentido de que en la República Dominicana se violan los derechos humanos, Navarro ratificó que la "realidad comprobada por todos es que no es cierto, tampoco lo es cuando se habla de que existe apatridia o desnacionalización".
Navarro señaló que la República Dominicana no puede aceptar que el gobierno de Haití continúe con esa campaña de descrédito internacional, y a la vez pide dialogar sobre el asunto.
Dijo que el gobierno dominicano ha apostado al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Haití en los últimos años, fortaleció la Comisión Mixta Bilateral y auspició el diálogo empresarial entre las dos naciones y, sin embargo, la actuación del gobierno haitiano ha eliminado actualmente las condiciones para el diálogo bilateral.
"Lo reiteramos aquí ante ustedes señores embajadores de la Grulac, en la República Dominicana no hay un solo caso de apatridia, y reafirmamos a la vez, que si se presentara un caso debidamente documentado, el Estado dominicano cuenta con los mecanismos y procedimientos para estudiarlo y resolver una situación como esa", subrayó.
Agregó que como parte de la campaña de descrédito, el embajador Regis acusó a la República Dominicana, ante los embajadores de la ONU, de pretender provocar una supuesta crisis humanitaria con un plan de repatriación masiva de extranjeros con estatus irregular.
El Canciller dominicano explicó que la República Dominicana ha experimentado un proceso ascendente de fortalecimiento de su Estado de Derecho y de su estructura económica en los últimos 50 años, por lo cual hoy el país se encuentra entre los más estables de la región, tanto política como económicamente.
"Hemos sido una sociedad con autocrítica, con capacidad de asumir responsabilidades y reconocer nuestros errores cuando ha sido necesario, lo cual nos ha permitido seguir avanzando en el proceso de desarrollo", agregó.
Sostuvo que "por eso entendemos que las autoridades haitianas deben asumir una actitud autocrítica y reconocer la responsabilidades que tienen para con su población, dejando sus acusaciones contra la República Dominicana".
Manifestó que miles de ciudadanos haitianos han decidido abandonar el país de manera voluntaria, acogiéndose a las facilidades ofrecidas por el gobierno dominicano, además de que esa realidad les garantiza un posible retorno a la República Dominicana de manera legal.
El funcionario encabeza una delegación dominicana que integran, además, la viceministra Alejandra Liriano, encargada de Política Exterior; Washington González, viceministro de Interior y Policía; Josué Fiallo, asesor de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y Miguel Medina, director de Comunicaciones del MIREX.
