La Alianza Por la Democracia (APD) demandó que el Presidente de la República, Danilo Medina, destituya de inmediato a los funcionarios y servidores públicos que han sido nombrados por el Poder Ejecutivo que no han entregado la declaración jurada de sus bienes y que instruya al ministerio público a que proceda ante los tribunales en contra de aquellos que son funcionarios electos o dependientes de órganos descentralizados del Estado, sin desmedro de la investigación que se realice sobre éstos y de las acusaciones penales que se desprendan de esta investigación.
Explicó que el artículo 5 de la Ley 311-14 dispone que a los 30 días siguientes de la toma de posición los funcionarios deberán realizar la declaración jurada de sus bienes y de no hacerlo así deberán ser sancionados según lo dispone la Ley 41-08 de Función Pública.
Según el artículo 81 de la Ley 41-08 de Función Pública tipifica esta violación como falta de tercer grado cuya comisión dará lugar a la destitución del servicio, afirmó.
La organización política planteó que el hecho de que más de mil funcionarios y servidores públicos no han entregado sus declaraciones juradas de bienes en violación a la ley 311-14, revela que el país se encuentra en el más bajo nivel de institucionalidad y de respeto a las normas éticas de toda nuestra historia como consecuencia directa del irrespeto efectuado por el Presidente de la República, Danilo Medina a la Constitución y a la institucionalidad del Estado dominicano para permitirse la reelección por un nuevo período gubernamental.
La organización política señaló que este escandaloso nivel de incumplimiento a la disposición de declarar el patrimonio propio y el de la comunidad conyugal de parte de funcionarios de alta jerarquía, es un reflejo del mal ejemplo que ha dado recientemente el presidente de la República que para provecho propio ha violado la constitución que es la base de la institucionalidad del Estado y del convencimiento de estos funcionarios de que la corrupción y el irrespeto a la ley gozan de completa impunidad en este gobierno.
Si el Presidente Medina no cancela de inmediato a estos funcionarios bajo su dependencia que no han entregado sus declaraciones juradas de bienes, y amparado en subterfugios seudo jurídicos evade una actuación firme y enérgica en este caso, será a que él mismo no se siente con la autoridad moral de sancionar a aquellos que han incurrido en falta a la institucional menor a la cometida por él, indicó la APD.
Calificó de escándalo colosal que mil 222 funcionarios y servidores públicos no le hayan hecho ningún caso a la obligación de declarar sus bienes, entre ellos 32 embajadores, 37 cónsules, 195 encargados de compras, 213 comandantes, directores generales centrales y regionales de la Policía Nacional, 146 comandantes, subcomandantes, directores, encargados y supervisores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), 205 directores de distritos municipales, 152 vicealcaldes, 152 tesoreros municipales y 11 titulares representantes del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
Manifestó que en este último año de la administración del gobierno peledeista de Danilo Medina continuará incrementándose la degradación de la institucionalidad y del Estado de Derecho, y seremos testigos de numerosos escándalos de corrupción.
En la República Dominicana, la reelección presidencial siempre se ha intentado imponer a través del desconocimiento de las leyes, de la corrupción y a cambio de la impunidad, y la actual reelección no será una excepción, dijo.
