Atenas, 13 ago (PL) Grecia está a punto de recibir un tercer rescate financiero que debe ser aprobado por el Parlamento y por el Eurogrupo, pero con la soga al cuello por las exigencias de los acreedores internacionales.
Esa ayuda, de ser autorizada finalmente, otorgará al país heleno 86 mil millones de euros hasta 2018. Las dos anteriores no sacaron del hoyo a la economía nacional, a cambio de rigurosas medidas en temas bien sensibles y de repercusión social.
Según ha reconocido Bruselas en un memorando de entendimiento de 29 páginas, la situación imperante será de privatizaciones, embargos inmobiliarios, quiebras empresariales, entre otros asuntos que marcarán el escenario griego de los próximos años.
Las perspectivas macroeconómicas en la brevedad de dos años son de severa recesión, con una reducción del Producto Interno Bruto del 2,3 por ciento este año y 1,3 por ciento el próximo.
Con esos augurios, los analistas aseguran que el país tendrá que esperar a 2017 para volver al crecimiento.
A ello se suma una reforma tributaria y la lucha contra el fraude, además de la reforma del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya legislada en julio, y el compromiso de no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los deudores.
El acuerdo con los acreedores, Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI), demanda de Grecia un nuevo fondo de privatizaciones radicado bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá acumular activos por valor de 50 mil millones de euros, la mitad de ellos para la recapitalización de la banca.
Igualmente el gobierno de Alexis Tsipras deberá privatizar puertos, aeropuertos regionales, así como el operador de red eléctrica, en el marco de un memorando de entendimiento acordado con sus acreedores internacionales.
Cálculos de las autoridades europeas plantean que las ganancias de la desnacionalización griega, excluidas las acciones bancarias, ascenderán a seis mil 400 millones de euros entre 2015 y 2017.
Ya las autoridades griegas aceptaron privatizar en octubre próximo al operador de la red eléctrica ADMIE, de no surgir una medida con resultados similares, en tanto los puertos y aeropuertos y tienen licitante seleccionado, la compañía alemana Fraport.
También el pasado mes se informó que la nación helena estaba dispuesta a vender parte de su territorio como algunas islas, para hacer frente al pago de la deuda.
El economista español Adrián Zelaia asegura que esas privatizaciones suponen un control sin precedentes de la economía helena por parte de los acreedores y no beneficiarían a los propios griegos.
Las 40 medidas contenidas en el memorando afectarán, entre otros, al mercado laboral, pues las prejubilaciones, despidos o salarios públicos serán algunas de las alternativas.
Y como si fuera poco, los acreedores internacionales ya anunciaron que en octubre harán una primera evaluación de "los progresos" del país heleno en la implementación de las reformas y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Según la CE, el BCE y el FMI "existe un equilibrio entre medidas de apoyo al crecimiento y de ajuste fiscal", pero lo cierto es que con ellas será muy difícil que Atenas logre mejorar la recaudación, modernizar la administración, garantizar la sostenibilidad de las pensiones y la estabilidad del sistema bancario.
Adicionalmente, y como si fueran pocos los ajustes exigidos, esas instituciones controlarán además la justicia, la sanidad pública y la educación, el precio de los fármacos, cuántos alumnos debe haber por aula en las escuelas y los impuestos a los anuncios en televisión.
Nada, que Grecia se verá atada de pies y manos y con la soga al cuello en un ambiente de derrota.
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