La ley 140-15 que regula el notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios es un negocio aberrante que eleva de manera desproporcionada los servicios de estos profesionales en desmedro de los ciudadanos y aprobada en el Congreso Nacional si la debida ponderación.
Es el origen del llamado del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que ha advertido que cualquier acto notarial requerido va a representar elevado costo para el usuario, incluido en la adquisición de bienes inmobiliarios, repartición de herencias, préstamos y otro tipo de transacciones.
La situación de la ley podría ser sujeto de un estudio de ProConsumidor pues la misma va a redundar en un gran negocio y a ello se debe que todos los gremios de abogados, en especial del Colegio Dominicanos de Notarios. Hayan salido en su defensa.
“Es un negocio burdo que desde el Estado, usando una ley se ha montado desde el Congreso Nacional que incluso contraviene la ley de oferta y la demanda, pues obligatorio pagar porcentajes mínimos en cada transacción” dijo una fuente conocedora del texto de la ley.
Expresó que el Congreso Nacional conoció y consultó previamente a Aprobar la ley, pero que solo lo hizo con abogados interesados, y no con sectores que va a ser afectados por dicha ley, pues es mucho el dinero que habrá que buscar para entregar a un notario hasta por un divorcio.
“Si se trata de una herencia, gran parte de los bienes a repartir habrá que entregárselo al notario, además del abogado para que firme el documento, es burdo lo que se ha aprobado” dijo un conocedor de la ley.
Sobre la pieza el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha llamado la atención, un alerta que adelanta a los conflictos que se podrían suceder en el futuro con la aplicación de la referida ley.
Sobre el particular el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños manifestó que la adopción de la Ley 140-15 ha generado gran rechazo en múltiples sectores sociales, “debido a que la misma se asienta en una grave distorsión sobre la naturaleza de la función notarial, que es de carácter público y que debe servir al interés general”.
"Finjus se une a los diferentes sectores que reclaman que la Ley 140-15 sea urgentemente revisada y se ajusten los aspectos negativos y distorsionadores, basándose en estudios de factibilidad social y económica que debieron ser realizados previo a su adopción y con consenso de todos los sectores involucrados en este servicio", enfatizó el jurista al coincidir con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía.
Destacó que los notarios en el ordenamiento jurídico ejercen una función pública que le ha sido delegada por el Estado, que es la de dar autenticidad y fecha cierta a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, en virtud de lo determinado por la ley.
En ese sentido, el jurista sostuvo que sus actos deben responder a lo establecido por la Constitución dominicana en su artículo 147: que esté destinada a satisfacer las necesidades de interés colectivo y responda a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, entre otras.
Señaló que las graves repercusiones que alerta con relación a la referida ley se concentran principalmente en la nueva escala tarifaria que establece, pues la misma aumenta irrazonablemente los costos establecidos en la normativa derogada.
"El establecimiento de tarifas para la remuneración de los notarios constituye una fórmula por la que el Estado ¬financia entre sus usuarios los gastos de índole personal y material inherentes al desempeño de la función notarial, a efectos de preservar los intereses generales del conjunto de la sociedad", acotó Castaño Guzmán.