La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), demandó del Ministerio Público el abortar y dejar sin efecto el acuerdo suscrito con el confeso falsificador y adulterador de medicamentos José del Carmen Cruz, quien fue beneficiado con la devolución de una gran parte de sus bienes y con la puesta en libertad.
El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini calificó como “preocupantes” las denuncias realizadas por Julio Cesar de la Rosa y el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristy, quienes cuestionaron la devolución de 67 millones de pesos y de varias propiedades mobiliarias e inmobiliarias, a Del Carmen Cruz.
Al dirigente reformista según se sabe oficiosamente le serán devueltos 18 vehículos, 25 propiedades inmobiliarias y 67 o más millones de pesos en efectivo y el posible reconocimiento de deudas producto de la venta de medicamentos falsificados, luego de que se ratificara el acuerdo arribado en un juicio penal abreviado.
Potentini sostuvo que el Ministerio Público estaría sentando un precedente funesto, tras enviar un mensaje negativo a la sociedad, de que en el país es posible hacerse de una fortuna al margen de la ley, y luego negociar con el Estado para lavar su dinero.
Apuntó que a pesar de que el juicio abreviado es una figura facultativa del Ministerio Público, en virtud de nuestra normativa procesal penal, Cruz atentó contra la vida de miles de personas, y consecuentemente su caso debió servir para imponer una sanción ejemplarizadora que sirva para desestimular la ocurrencia de este tipo de hechos en el futuro.
Demanda se investiguen funcionarios de PromeseCal y Aduanas
El jurista cuestionó que la representante judicial del Estado y la sociedad en el Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso no haya obtenido resultados en las investigaciones para dar con los funcionarios que actuaron en complicidad con el dirigente político.
Potentini agregó que no obstante la Fiscal del Distrito haber afirmado que el exregidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José del Carmen Cruz, obtuvo certificaciones de importación de la Dirección General de Aduanas y realizó negocios millonarios con el PromeseCal, a la fecha no hay un solo funcionario de esas instituciones sometido a la justicia.
“Este tipo de hechos no puede alcanzar tal magnitud sin la palpitación y complicidad de policías, funcionarios y empresarios”. De ahí que resulta de gran preocupación que en lugar de investigar a los posibles miembros del gobierno que participaron en esta red de falsificación de medicamentos y lavado de activos, el Ministerio Público haya elegido retirar la acusación que pesaba contra Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz, Ana Luisa Cruz y Felipe Jesús Santos, coautores del crimen”, apuntó Potentini.
