La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) se unió a las entidades de la sociedad y el empresariado nacional que apoyan la posposición de la Ley 140-15 que regularía el notariado dominicano, al entender que esa legislación aumentaría de forma indiscriminada el servicio de notaria en el país, en detrimento de los sectores económicos y de la población en general, además de que limitaría el ejercicio de esa profesión, lo cual es inconstitucional.
“Pese a que reconocemos la necesidad que existía de reformar la antigua Ley 301 que data del año 1964, este nuevo marco legal coloca a la República Dominicana en una situación anticompetitiva y de inequidad ya que eleva de manera exorbitante los costos del servicio de un notario y por tanto limita el acceso de los ciudadanos, aumenta los costos a los negocios, aleja la inversión extranjera y lo más preocupante es que añade al entorno un elemento más que podría aumentar la inseguridad jurídica y la informalidad, las cuales de por sí ya constituyen un enorme problema para el país”, afirmó Antonio Ramos, presidente de la ONEC.
Recordó que entidades como la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) advirtió que la aplicación de esa legislación tendría un impacto altamente negativo para los millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.
Dijo que otro punto desfavorable de la Ley de Notario es que busca reducir el número de Notarios por cantidad de habitantes, lo cual es inconstitucional, al no permitir, en la práctica, a ningún ciudadano acceder a la profesión.
“Para las empresas representadas por ONEC es vital que esta Ley sea sometida a vistas públicas, donde participen todos los actores afectados por esta legislación y que el resultado sea una regulación equilibrada, moderna, eficiente y equitativa, por lo que solicitamos al Senado de la República que se proceda desde ya a iniciar el proceso de consulta de manera que se pueda diseñar una legislación consensuada, acorde a los principios constitucionales y al marco regulatorio existente”, concluyó Ramos.
