Por Alfredo Cruz Polanco.
A partir de la crisis hipotecaria e inmobiliaria que sacudió a los Estados Unidos y a Europa en el año 2008, se generó una crisis financiera y económica mundial, debido a la emisión de bonos y a financiamientos amparados en hipotecas denominadas “basura”, es decir, en títulos de propiedades, cuyo valor real estaba colocado muy por debajo del valor de mercado, llevando a la quiebra a grandes bancos, como el Leman Brothers.
A partir de ese momento se hizo recurrente el término “basura”, para denominar a todas aquellas operaciones comerciales e informes financieros que carecen de los debidos soportes y registros contables.
La mayoría de las veces éstas se suministran sólo para cumplir con los requisitos exigidos por las leyes y por los órganos de control, como la Cámara de Cuentas de la República, Contraloría General de la República, Tesorería Nacional, Dirección General de Presupuesto, pero que no responden a la realidad, ya que carecen de toda veracidad.
Cuando se suministran informaciones incorrectas o falsificadas, esto constituye un hecho muy grave, pues conlleva a que dichos organismos incurran también en errores, al tomar decisiones basadas en ellas, lo que compromete la credibilidad y la imagen de los mismos, y hasta la del propio Estado.
Esta es la realidad de muchas instituciones municipales y de algunas descentralizadas, las cuales presentan informes de ejecución presupuestaria que no corresponden con los resultados de las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas. Esto responde a la falta de una cultura de rendición de cuentas y a la falta de la aplicación de un régimen de consecuencias, es decir, de que se apliquen las penalidades contempladas en las leyes.
Imaginémonos que una institución municipal, pública o descentralizada, solicite un préstamo a un organismo internacional, amparada en estados financieros soportados con informaciones viciadas o falsas. Esto puede acarrearle graves consecuencias a la institución que lo solicita, a los órganos de control, que están en la obligación de fiscalizarla y a la propia imagen del país.
Por esta razón, soy de opinión, que cuando se compruebe que las informaciones suministradas por las diferentes instituciones que cometan esta aberración, estas sean sancionadas con fuertes medidas disciplinarias, tanto para quien lo hizo, como para su principal incumbente.
Todas estas irregularidades y distorsiones salen a relucir en la mayoría de los informes de auditoría que realiza a la Cámara de Cuentas a los ayuntamientos y distritos municipales de todo el país.
La falta de un adecuado sistema de Contabilidad, de controles efectivos, de una cultura de rendición de cuentas y de voluntad política, son las causantes principales de este mal en las instituciones públicas.
Por más insistencias y presiones que se les hacen a dichas instituciones, no se logra que las mismas cumplan con las normativas vigentes, por lo que se hace necesario que se aplique un régimen de consecuencia más drástico.
En el caso de las municipalidades, una manera de hacer cumplir las disposiciones legales es disponer que a las que no cumplan con la rendición de sus informes, la Tesorería Nacional le retenga los fondos de inversión, lo cual estaba establecido en la ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2013.
En conclusión, los incumbentes que dirigen las instituciones públicas, descentralizadas y municipales, deben tratar de sanear las informaciones de éstas, para que las mismas respondan a la realidad, que estén bien soportadas, transparentadas y que sirvan de base para la toma de decisiones correctas y oportunas, logrando con esto obtener la confianza perdida.
El Autor es Miembro de la Cámara de Cuentas de la República
