Guatemala, 22 sep (PL) Autoridades guatemaltecas arrestaron hoy a las juezas Gisela Reinoso y Marta Sierra, y al magistrado de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché Erick Santiago, presuntamente vinculados a casos de corrupción.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) coordinaron las capturas con la Policía Nacional Civil.
Reinoso es sindicada de la supuesta comisión de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal, precisó la Cicig en un comunicado.
La togada, indicó la fuente, cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y docente.
"Además el pago parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago de acuerdo al nivel de ingresos que percibe, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios", apuntó esa comisión, avalada por la ONU.
Según el ente fiscal, en los registros de la Contraloría General de Cuentas solo existe una declaración jurada patrimonial de 2004, pese a haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los recientes años.
A Sierra la acusan de cohecho pasivo y prevaricato y se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de La Línea, red de defraudación aduanera por la cual guardan prisión 30 personas, incluidos los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti.
El 16 de abril pasado, cuando arrestaron a los integrantes de esa estructura, Sierra convocó "con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha".
La juzgadora ligó a proceso a 22 sindicados, sin embargo, sólo envió a prisión preventiva a 16 de ellos.
A Francisco Ortiz, Miguel Ángel Lemus, Estuardo González, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc y José Gil les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas.
Mediante interceptaciones telefónicas se estableció que la decisión favorable a los intereses de Ortiz, Lemus y González respondería a una negociación ilegal entre estos y ella, gestionada por el prófugo Luis Mendizábal y personas cercanas a él, a cambio de dinero.
De León, a través de Samuel Alvarado y Eliot Imeri Díaz (ambos ligados a proceso por tráfico de influencias), habrían negociado el pago de 10 millones de quetzales (1.3 millones de dólares) de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa.
