Las pesquisas que cursan en la Corte Suprema contra Uribe por hechos acontecidos antes de ser presidente de la República, pudieran pasar a la llamada Jurisdicción especial para la paz, mecanismo pactado entre el Gobierno y las insurgentes FARC-EP con vistas a investigar, juzgar y sancionar a responsables del conflicto armado, una vez concluido.
Bogotá, 30 sep (PL) El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ratificó que el actual senador Álvaro Uribe podría ser juzgado por un tribunal especial de justicia transicional, debido a sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, reseñó hoy Caracol Radio.
Las pesquisas que cursan en la Corte Suprema contra Uribe por hechos acontecidos antes de ser presidente de la República, pudieran pasar a la llamada Jurisdicción especial para la paz, mecanismo pactado entre el Gobierno y las insurgentes FARC-EP con vistas a investigar, juzgar y sancionar a responsables del conflicto armado, una vez concluido.
Tal iniciativa que prevé la creación de salas y tribunales forma parte de un sistema encaminado al esclarecimiento de la verdad y convocará a actores involucrados de forma directa o indirecta en la larga contienda, única en el continente.
Adicionalmente durante su último mandato como ocupante de la Casa de Nariño (2006-2010) ocurrieron los asesinatos conocidos como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de civiles, informados luego como guerrilleros dados de baja en combate para reportar éxitos de la Fuerza Pública en la lucha contrainsurgente.
La semana previa representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) dieron a conocer el pacto sobre la constitución de la Jurisdicción especial para la paz, suerte de sombrilla la cual cobijará tanto a agentes del Estado como a guerrilleros, bajo la premisa de que no habrá impunidad para crímenes de lesa humanidad y otros actos de gravedad.
No obstante incluye alternativas como amnistías e indultos para delitos políticos y conexos.
En caso hipotético de que Uribe sea condenado por paramilitarismo en una corte ordinaria, la pena puede ser hasta de 10 años de privación efectiva de la libertad, mientras con la justicia restaurativa acordada entre las partes beligerantes pudiera tener acceso a otros beneficios, consideró Montealegre citado por Caracol Radio.
Desde 2012 voceros del Gobierno y las FARC-EP conversan en Cuba para finalizar por la vía pacífica la confrontación bélica.
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