SANTO DOMINGO.- El gobierno dominicano impulsa un conjunto de políticas y acciones para reducir la discriminación de la mujer en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales, afirmó este miércoles el ingeniero Temístocles Montás, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Al comentar el informe “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016.Transformar las economías para realizar los derechos”, presentado por ONU Mujeres en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Montás explicó que esas políticas se ejecutan porque el gobierno reconoce la necesidad de crear condiciones para el empoderamiento y el desarrollo de las potencialidades de las mujeres.
Entre esas acciones, el titular del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) citó la política de atención integral a la primera infancia, que incluye el establecimiento de estancias infantiles en todo el territorio nacional, la política de universalización de la jornada extendida quepermitirá al Estado compartir con las familias las responsabilidades de cuidado de los infantes y los estudiantes, con lo cual se alivia la carga de trabajo de cuidado tradicionalmente en manos de mujeres.
Asimismo, Montás dijo que la discriminación también se ataca por “la ampliación del acceso de las mujeres al crédito y a la capacitación, a través de la inclusión de enfoque de género en los programas de financiamiento del Banco Agrícola, Banca Solidaria, la asistencia del FEDA a través del Programa de Visitas Sorpresa, y las acciones de inclusión financiera que se desarrollan desde el Programa Progresando con Solidaridad, cuyos beneficiarios son en un 75% mujeres”.
Durante la presentación del informe en la Biblioteca del Intec estuvieron presentes, entre otros, su rector, Rolando Guzmán; la directora de la División Política ONU-Mujer, Purna Sen; la viceministra de la mujer, Sonia Díaz; Clemencia Muñoz, representante local de ONU-Mujer y Magdalena Lizardo, directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Agregó que en el plano legal las iniciativas incluyen la presentación de propuestas de inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos, la Ley de la Policía Nacional, el Código de Trabajo, el Código Penal, la Ley Orgánica para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer y la Ley de Voto Preferencial, de acuerdo con una nota de la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.
Montás señaló que también contribuyen a estrechar la brecha de género “la instalación de unidades integrales de atención a la violencia de género, intrafamiliar y de delitos sexuales y su coordinación con el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911”.
Expresó que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, con el apoyo de ONU Mujeres y la Unión Europea, está desarrollando un trabajo dirigido al cumplimiento de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en lo relativo a la puesta en marcha de la política transversal de género que establece: “todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas incorporen el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación y adoptar acciones para garantizar la igualdad y equidad de género”.
“Gracias a este esfuerzo conjunto, a través del Sistema Integral de Gestión Financiera se estará visibilizado el gasto que destinan las instituciones a promover la igualdad y equidad de género. Y para el año 2016 se inicia a nivel de programa piloto un ejercicio de transversalización del enfoque de género en la planificación y presupuesto en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, Gabinete Social, Procuraduría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones Gubernamentales”, apuntó Montás.
Agregó que el propósito del gobierno es “poder contar con las herramientas de información, planificación y gestión que nos permitan identificar dónde están las brechas de género en el acceso a los bienes y servicios que genera el sector público y cómo desde la política pública y el presupuesto se pueden implementar acciones para eliminar esas brechas”.
Montás se mostró confiado en que con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo y con la incorporación en la misma de los recién adoptados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, “hay condiciones propicias para avanzar en la igualdad de género, tomando en cuenta las propuestas realizadas en el Informe de ONU Mujeres.
“No tengo duda que transitar este camino nos permitirá arribar a una sociedad donde hombres y mujeres disfruten de iguales oportunidades y libertades para realizar sus proyectos de vida y de sana convivencia humana, al tiempo que se procura una mayor igualdad también en los resultados”, apuntó el Ministro.
El Informe
Al abordar el contenido del informe “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016.Transformar las economías para realizar los derechos”, Montás dijo que constituye una verdad digna de reconocer la afirmación de que si bien es cierto que la humanidad ha experimentado singulares avances en los últimos 40 años en materia de reconocimiento de derechos, existen brechas importantes entre el contenido de las normas legales y el ejercicio real de los derechos de las mujeres.
Sostiene que el informe reflexiona sobre cómo “desde las políticas económicas y sociales, es posible contribuir a la erradicación de las manifestaciones de la discriminación por género”.
Reconoce, además, que ONU Mujeres propone “un cambio en las políticas que permita garantizar el derecho de toda mujer a tener un trabajo digno, con un salario justo y unas condiciones de trabajo seguras, así como el derecho a percibir una pensión adecuada en la vejez, a recibir atención médica y a disponer de servicios sociales básicos de calidad”.
“Creo que la riqueza del Informe que hoy nos presenta ONU Mujeres reside precisamente en pensar el tema de la igualdad de género no como una carrera que nivela hacia la baja las condiciones económicas de hombres y mujeres, sino como la necesaria transformación que debe operarse en las esferas económicas y sociales para poder corregir las inequidades en material de distribución de ingresos y riquezas al interior de los países y entre países”, apuntó Montás.
El Ministro dijo que el informe recuerda que el mundo es hoy más rico que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, pero también es más desigual porque “el 1% más rico de la población mundial posee actualmente el 40% de los activos, mientras que la mitad inferior de la población posee solo 1%.
Montás consideró que la resolución de las inequidades en la distribución de ingresos y activos “es una condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres”.
Refirió que el gran reto es desentrañar por qué en un momento en que prácticamente se ha logrado la igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas en el ámbito educativo, “solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar a escala mundial forman parte de la población activa, y por qué las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres”.
El ingeniero Montás calificó de certero el informe porque afirma que las políticas económicas y sociales pueden contribuir a crear economías más fuertes y sociedades más sostenibles y más igualitarias desde el punto de vista del género, pero para ello esas políticas deben estar diseñadas y construidas situando los derechos de las mujeres en el corazón de sus prioridades.
Estimó correcta, además, la propuesta de programa de acción en tres dimensiones que hace ONU Mujeres, que en primer lugar sugiere la transformación del trabajo en favor de los derechos de las mujeres, “lo cual implica el acceso de la mujer a un trabajo remunerado que reconozca la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y de cuidado entre hombres y mujeres y entre familia y comunidad, así como el desarrollo de mecanismos de protección social y de seguridad en el empleo tanto para el trabajadoras y trabajadores asalariados y por cuenta propia”.
El segundo elemento propuesto por ONU Mujeres es la puesta en marcha de políticas sociales con perspectiva de género que combine el acceso universal a los servicios sociales con la protección social a través de sistemas de transferencias contributivas y no contributivas, diseñados para no reforzar los estereotipos de género.
Y en tercer lugar –expresó Montás- el programa incluye“el establecimiento de entorno macroeconómico favorable donde se centre la atención al estímulo de la actividad económica real que permita crear empleo decente y acceso a activos financieros y productivos necesarios para desarrollar el potencial emprendedor de la población”.