Este artículo integra la serie "Reportajes sobre Asean: 2015 y más allá" de IPS Asia Pacífico y Probe Media Foundation, con el apoyo de la Fundación Asean / Fondo de Solidaridad Japón Asean y la Fundación Rockefeller.
Por Kanis Dursin
YAKARTA (IPS) – Un tratado regional sobre la gestión del humo transfronterizo que causan los incendios en bosques y turberas de Indonesia, provocados para dar paso a cultivos comerciales, parece sofocado por las brasas de la frustración de los países vecinos.
Los más afectados por la bruma, aparte del este de Indonesia, son los vecinos Malasia y Singapur, donde la contaminación del aire supera niveles insalubres desde hace más de un mes. En los últimos días, los vientos también llevaron la neblina hasta el sur de Tailandia.
En algunas partes del sudeste de Asia, un manto gris cubre el territorio desde la mañana hasta el anochecer, y ya es común ver a los habitantes taparse los rostros con máscaras cuando salen a la calle.
En algún momento del último mes cerraron las escuelas, se demoraron los vuelos o se cancelaron o limitaron las actividades al aire libre. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos para los niños y las personas mayores.
Los incendios de tierras y bosques han sido una característica anual en Indonesia durante los últimos 18 años debido a la expansión sin precedentes de las exportaciones de celulosa, papel y palma de aceite, lo que fomenta las plantaciones con esos fines comerciales, según el Foro Indonesio para el Medio Ambiente (Walhi).
Los países afectados, que integran con Indonesia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), solicitaron a Yakarta que resuelva el problema de la quema de bosques y tierras en el este de su territorio.
Tras meses de afirmar que podía manejar la situación por su cuenta, el gobierno indonesio finalmente reconoció en los últimos días que la ayuda extranjera será necesaria para apagar los incendios.
"Esto demostró ser todo un reto para nosotros, así que vemos como una necesidad el trabajar conjuntamente con los países que cuentan con los recursos disponibles para extinguir los incendios", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores indonesio, Arrmanatha Nasir, el 8 de este mes.
El portavoz agregó que el canciller Retno LP Marsud había hablado con Australia, China, Malasia, Rusia y Singapur "para discutir las iniciativas de cooperación para superar los incendios".
Pero en estas conversaciones casi no hubo mención alguna al tratado sobre la Contaminación Transfronteriza por Bruma, un acuerdo legalmente vinculante adoptado en 1997 por la Asean, cuyos 10 países miembros son Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Laos, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Los activistas reconocen que no tienen muchas esperanzas con respecto al tratado ni a la capacidad de la Asean para que sus Estados miembros cumplan con sus compromisos.
"Se dice que el acuerdo es jurídicamente vinculante, pero la Asean no tiene un tribunal para juzgar a los infractores", recordó Nur Hidayati, de Walhi.
Este año habría sido una oportunidad para poner en acción el tratado, que es el primer acuerdo regional en el mundo que vincula a un grupo de Estados para enfrentar la contaminación transfronteriza provocada por los incendios de tierras y bosques.
Tras años de resistencia, Indonesia – cuya incapacidad para controlar los incendios durante casi dos décadas ha sido un irritante en sus relaciones con los países vecinos – finalmente ratificó el acuerdo en septiembre de 2014, por lo cual ahora está jurídicamente vinculada por él.
Los países asociados también apuestan a una mayor integración económica y se aprestan a lanzar la Comunidad de la Asean en diciembre, pero las tensiones transfronterizas siguen siendo un reto para la organización de 48 años.
"Si los tres miembros más poderosos de la Asean (Indonesia, Malasia y Singapur) no son capaces de encarar un problema recurrente y previsible (como la bruma), ¿qué esperanza puede tener la región para la integración… en la comunidad económica?", cuestionó el diario Jakarta Post en un comentario publicado en septiembre.
Malasia y Singapur ofrecieron repetidamente su ayuda a Indonesia para apagar los incendios, pero hasta este mes, las autoridades de este país insistían que podían valerse por sí solas.
El tratado obliga a las partes a "cooperar en el desarrollo y la aplicación de medidas para prevenir y controlar la contaminación transfronteriza por bruma como consecuencia de los incendios de tierras y / o bosques" y "para el control de las fuentes de los incendios".
En verdad, "Indonesia ratificó el acuerdo por la fuerte protesta de Singapur y Malasia por la contaminación por bruma. (La ratificación) fue más un gesto político que una declaración de intenciones ", observó Hidayati.
El artículo 12.2 del acuerdo estipula que la asistencia externa "solo puede aplicarse… con el consentimiento de la parte receptora".
El presidente indonesio, Joko Widodo, instruyó a las agencias estatales que gestionen los incendios de las turberas y los bosques que son despejados para permitir las plantaciones que producirán aceite de palma y papel.
El Consejo de Medio Ambiente y la Asociación de Consumidores de Singapur instaron a los consumidores que utilicen solo los productos de las empresas que no recurren a las prácticas de quema en Indonesia.
Las imágenes satelitales muestran que 70 por ciento de los puntos incendiados en las islas indonesias de Borneo y Sumatra corresponden a plantaciones. Aproximadamente 1,7 millones de hectáreas de tierra, más de un tercio de los cuales corresponden a turberas en Sumatra y Kalimantan, se han quemado, explicó Widodo.
Claramente, Indonesia tiene mucho que hacer con respecto a las concesiones que otorga a las empresas de las plantaciones y para aplicar las leyes, sostienen sus críticos.
"Por naturaleza, los bosques tropicales son imposibles de quemar debido a su elevada humedad. Sin embargo, cuando los árboles se talan y se introduce un sistema de monocultivo de plantaciones de palma de aceite y caucho o de fincas forestales, la humedad desaparece y se vuelven vulnerables a los incendios", explicó Hidayati.
Las autoridades gubernamentales sostienen que suspendieron algunas concesiones forestales y de palma aceitera, y que multaron a algunas empresas o demandaron judicialmente a otras.
"Antes, solo procesábamos a personas individuales o empresas que violaban la ley ambiental de 2009 en los tribunales penales y civiles. Pero desde enero de 2015, también les aplicamos sanciones administrativas al suspender o revocar sus concesiones", indicó Muhammad Yunus, director de la división de aplicación de la ley penal del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques.
Pero el gobierno debe revisar todas las concesiones forestales y de plantaciones para determinar si las empresas pueden controlar los incendios, recomendó Hidayati.
"Un incendio que se desata en una plantación o finca forestal debe verse como la incapacidad del titular de la concesión para administrar la tierra y, así, ser motivo para revocar la concesión, sin importar quien lo inicie o si es o no intencional", sostuvo.
