Si en verdad el Congreso Nacional pondera el ante proyecto de Presupuesto y ley de gastos públicos de 2016, que ya le ha remitido el Poder Ejecutivo para fines de análisis y aprobación, debe fijar sus ojos en la partida destinada a Pro Consumidor. Esto así por varias razones, la primera es que nos encontramos en un año preelectoral, es decir dicho presupuesto será ejecutado en un año electoral. El proceso electoral que se aproxima es diferente a todos los anteriores lo cual significa que el Congreso Nacional debe pensar muy bien cómo toma sus decisiones porque dejar sin presupuesto adecuado al órgano que más incide con sus políticas públicas en los magros presupuestos de pobres y ricos, no es una decisión inteligente porque en el plano municipal como el congresual pueden quedar afectados, es decir como cómplices de un yerro del Ejecutivo cuando su responsabilidad es enmendarlos, superarlos, corregirlos.
No se olvide que todos y todas somos consumidores. Un deterioro en el presupuesto popular puede acarrear daños irreparables a los candidatos a repetir que no asuman una posición digna frente a Pro Consumidor, como a los que ahora aspiran a subirse en el palo, pues como se sabe, ese es el órgano del Estado que enfrenta y sanciona el agio, la especulación, la ausencia de calidad y pesos y medidas en bienes y servicios. Si los consumidores -que son a su vez votantes- perciben que sus dirigentes no están a la altura de los mandatos constitucionales, es probable que lo castiguen con votos en contra.
En segundo lugar, los congresistas están en el deber, en la obligación, de validar los objetivos programáticos de la Constitución, y siendo como es el derecho del consumidor un objetivo programático del contrato social vigente en la República Dominicana, contenido en el artículo 53 de la Carta Magna, podría ser tachada de inconstitucional una ley transitoria que no cumpla con los objetivos de dicha carta. Afirmar que el otrora primer poder del Estado puede incurrir en inconstitucionalidad, es precisamente una de las novedades de la Constitución de 2010, que nadie puede desconocer sin violentar el pacto social vigente y sin arriesgarse a que le pidan cuentas claras.
En tercer lugar, el descredito del sistema político vigente puede acarrear daños colaterales irreparables a los sectores dominantes, puesto que la violencia que dicho incumplimiento pudiere generar haría más daños que bien al sistema, por tanto, las fuerzas vivas del país son las primeras interesadas en que Pro Consumidor sea dotado de los recursos necesarios y suficientes como para hacer cumplir la Constitución y la ley de la materia. Es un requerimiento de toda sociedad basada en el Estado de Derecho, en el Estado Constitucional, en el Estado Social. No se olvide que el derecho de consumo tiene como colofón la competitividad en un marco de libre comercio nacional e internacional.
Un país donde la prensa escrita ha reseñado que organismos internacionales cuya credibilidad está bien sentada, han declarado que solo en el renglón medicinas, las falsificaciones suman más de mil quinientos millones de pesos cada año, no es un juego. Por tanto, el tema no es negociar con los infractores o violadores del derecho a la buena salud sino dotar al órgano encargado de su vigilancia y de su sanción, con las herramientas indispensables para cumplir su cometido. Un país cuyos dirigentes ignoran este mandato constitucional es un país carente de líderes a la altura de su tiempo. Pues el derecho a un medioambiente sano está en peligro; así como lo está la seguridad social donde la mayor parte de su población, todavía carece de un seguro de salud siquiera básico. Es decir, el mínimo que garantiza el Estado Social a los ciudadanos vulnerables está lejos de estar garantizado porque ni siquiera el órgano encargado de sancionar a los incumplidores, está en capacidad económica de actuar conforme al mandato constitucional puesto bajo sus hombros.
Un país donde la basura no se recoge adecuadamente, donde se agrede al medioambiente desde el propio ministerio ambiental, no puede darse el lujo de dejar sin respaldo económico a la funcionaria que más aporta a la sociedad y a su gobierno desde una posición militante, pero separada de la política partidaria, y apegada a la ética y a la Constitución. A vista de buen cubero (y el pueblo lo es), la digna gestión de la ciudadana Altagracia Paulino, una militante de los objetivos programáticos de la Constitución en materia de consumo, al frente de Pro Consumidor, está siendo lesionada por ahogamiento económico a menos que la sensatez se imponga en el Congreso Nacional frente a su insuficiente partida presupuestaria. DLH-15-10-2015
