La reforma policial es una vieja tarea de la sociedad dominicana, que se convirtió en mandato inapelable con la promulgación de la Constitución del 26 de enero del 2010, que en su artículo 255 al trazar la misión de ese cuerpo establece: “La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar.
La Policía Nacional tiene por misión: 1) Salvaguardar la seguridad ciudadana; 2) Prevenir y Controlar los delitos; 3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; 4) Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacifica de conformidad con la Constitución y las leyes.”
Después de la promulgación constitucional el país entró en un ambiente anticipado de proselitismo electoral con miras a las elecciones presidenciales del 2012, que impedía generar un debate con la participación de todos los sectores, y a partir de ahí consensuar y pactar la reforma policial.
Pasadas las elecciones y juramentado como nuevo presidente de la República, Danilo Medina incluyó en sus prioridades la reforma policial, que fue uno de los temas aprobados en el Consejo de Gobierno ampliado que realizó el 22 de agosto del 2012, que concluyó creando una comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para la elaboración de una propuesta de reforma policial. Concluido los trabajos, el Gobierno emitió el decreto 650-12 del 23 de noviembre del 2012, que disponía la reforma trabajada en dos ámbitos, uno, el fáctico funcional o de hecho que incluía todas las acciones administrativas que pudieran hacerse sin modificación de la ley policial, y el legislativo que se ocuparía de la elaboración de una nueva ley orgánica que respondiera al mandato constitucional.
Pero ni se han producido los cambios fácticos y los jurídicos se han empantanado en el Congreso.
En un país lleno de prioridades y urgencias, temas como el del cumplimiento efectivo del 4% del PIB para la educación preuniversitaria y la materialización de un pacto educativo; la financiación y el relanzamiento del sector agropecuario, las redefinición de los procesos de compras y contrataciones del Estado, la creación de mejores oportunidades para la pequeña y la mediana empresa, el conflicto migratorio con Haití que colocó al país en el centro de una campaña de descredito internacional a la que se vio precisado enfrentar, así como el diseño y ejecución de un plan nacional de regularización de extranjeros, junto con muchas otras situaciones inaplazables, hicieron que el foco de atención hacia el tema policial se diluyera.
En el ínterin los intereses que desde el seno de la propia institución policial se las han arreglado para postergar cualquier cambio se han movido para colocar los obstáculos que hacen desafiante el camino de la reforma policial.
Pero el trayecto recorrido va dejando lecciones importantes, y una es, que no hay reforma sin un pacto con la sociedad, algo difícil en un ambiente de campaña electoral; y que como está consignado en el quinto considerando del proyecto que se conoce en el Senado de República “la reforma de la Policía Nacional debe realizarse de forma gradual y progresiva, como condición esencial para que las metas de su reorganización puedan ser satisfactoriamente alcanzadas”.
El objetivo debe ser una policía que pueda ser asumida con orgullo por sus integrantes.
