Aquél reportaje que difundiera Nuria Piera en la televisión sobre la mala calidad del salami fabricado en el país me dejó frustrado y confieso que durante varios años no ingerí ese producto. En septiembre pasado estando en Orlando, Florida, en casa familiar volví a consumirlo, pero esta vez consciente de que en Estados Unidos las normas de higiene y calidad son respetadas.
No obstante a eso, el subconsciente martillaba la idea de que pudiera encontrar alguna partícula extraña incluida heces fecales como se comprobó en el caso denunciado por Piera y que motivó la acción de las autoridades especialmente de la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino.
El efecto demoledor que causa a la psiquis humana un estudio sobre la adulteración y mala calidad de un producto de consumo masivo especialmente alimenticio, no se repara tan fácilmente.
Es probable que incluso nunca más se pueda reponer entre los consumidores que en algún momento hayan sido burlados por fabricantes inescrupulosos, inhumanos, despiadados y abusadores a quienes solo les importa ganar dinero.
En una época en que el poder de la comunicación domina las relaciones humanas a escala universal e incluso el escenario de las tomas de decisiones, la transparencia se ha colocado en un sitial de primer orden en las estructuras estatales y privadas.
Precisamente ese factor influye de manera preponderante en la calidad y excelente presentación de los productos de consumo masivo en Estados Unidos. El fabricante no tan sólo se cuida de elaborar su producción con los estándares de higiene y condición adecuada sino que evita las consecuencias legales ante una violación a las normas establecidas.
El caso es más estricto aún cuando se trata de la amplísima, novedosa y diversificada industria alimentaria que abarca una gama de productos lácteos, cárnicos, pesquera, vegetales y la poderosa industria de las bebidas.
El escándalo de la automotriz Toyota condenada por el Gobierno de Estados Unidos al pago de 16.4 millones de dólares por ocultar durante cuatro meses los defectos en los aceleradores de sus vehículos es un duro golpe para esa empresa japonesa.
En total la Toyota tuvo que pagar mil doscientos millones de dólares a Estados Unidos por el defecto mecánico en el acelerador de sus unidades vehiculares.
La Agencia para la Seguridad del Tráfico (NHTSA) no vaciló en aplicar la mayor sanción en la historia de la industria automotriz, generando al mismo tiempo el alerta hacia otros fabricantes que venden sus unidades en territorio estadounidense.
Pero más recientemente y producto de esa sanción la multinacional nipona tuvo que retirar más de seis millones de vehículos en el mundo por diversos problemas técnicos.
Es decir, que cuando una nación como es el caso de Estados Unidos aplica las leyes de protección al consumidor con rigurosidad, al fabricante no le queda más opción que cumplir con las normas de calidad y seguridad. De lo contrario, se abstiene a drásticas y ejemplares consecuencias legales.
La revisión técnica por parte de la Toyota de 6,39 millones de sus unidades en el mundo que incluye a 27 modelos, beneficiará lógicamente a los consumidores en todo el planeta.
Unos 2,34 millones de los vehículos de Toyota que serán retirados del mercado están en América del Norte, 1,09 millones en Japón y 770.000 en Europa. Mientras que los 2,19 millones restantes se reparten por las otras regiones del mundo.
Ahora la empresa automotriz ha tenido que apelar a una innovadora y agresiva publicidad hacia el mercado mundial buscando subsanar la terrible pesadilla vivida.
El caso Latinoamericano
En la mayoría de los países de la región incluyendo a territorios ricos y densamente poblados como Brasil y Argentina, el principal obstáculo para mantener la calidad de los productos y servicios ofertados al público está en la no aplicación de las normativas establecidas en los códigos legales.
Es habitual observar en supermercados de la región a productos con fechas vencidas, precios alterados y con objetos extraños en el interior de los envases. Pero nada sucede ni nadie responde por ello.
La única salvación que tiene el consumidor en sus manos es optar por adquirir otros productos de mayor calidad, particularmente proveniente del mercado norteamericano y que gracias a la globalización y las normas comerciales actuales los podemos ver en cualquier establecimiento de República Dominicana y otras comunidades latinoamericanas.
En consecuencia, la impunidad a los violadores de las leyes se ha constituido en una desgraciada práctica que ya amenaza el orden institucional y legal de nuestros países.
La corrupción que corroe los principales estamentos públicos y privados de América Latina representa el principal “brazo armado” de un esquema productivo promovido por sectores empresariales con la anuencia estatal caracterizado por la irresponsabilidad, ineficiencia, evasión, violación a las normas sanitarias y de calidad así como ausencia de competitividad.
Articulo de Manuel Díaz Aponte
Miércoles, 21 de octubre del 2015
