La escasez de plátanos que registra el país, por estos días, es un ejemplo contundente sobre la inoperancia y la inexistencia de políticas públicas referentes a las relaciones productor-consumidor que debería aupar el Estado, a los fines de lograr un equilibrio razonable para el común beneficio de productores y consumidores; sin embargo, la ausencia de políticas públicas sobre el particular, convierte la escasez de plátanos en una desgracia para los consumidores y una perdida para los productores quienes solo son importantes para proveer al mercado a precios irrisorios.
El consumidor ha de abstenerse de consumir plátanos o pagar precios exorbitantes por dicho vegetal, no tiene alternativa; en cambio, el productor, dada la escasez, no puede obtener beneficios por los buenos precios porque un pequeño grupo de importadores inescrupulosos y protegidos del gobierno, son los que hacen su agosto con la escasez. A leguas se observa que el gobierno es el responsable de dicha distorsión, pues un Estado Social, es aquel que busca el equilibrio entre oferta y demanda, a fin de que los unos y los otros vean sus derechos garantizados de forma equilibrada. En cambio, allí donde reina la anarquía son los más sagaces quienes sacan provecho. La actual crisis del plátano debería llamar a reflexión a los señores del gobierno encargados del área agrícola como del área de distribución y comercialización de productos agropecuarios. A lo mínimo, debería celebrarse la cumbre del plátano a los fines de encontrar formas de producción y de comercialización que permitan al consumidor obtener buenos precios y un mercado abastecido, y a los productores precios razonables por hacer parir la tierra con mucho esfuerzos y sudor. Dicho de otro modo, una alianza entre productores y consumidores, avalada por el gobierno, permitiría a los agricultores obtener buenos beneficios y a los consumidores buenos precios.
Cierto, bajo el esquema de economía solidaria que estamos planteando los intermediarios tienen poco que ofrecer a no ser su capacidad de distribución, de mercadeo y de transportación de la producción. Pero es obvio que para que estos no se conviertan en el epicentro del mercado, el Estado ha de intervenir para evitar que los criterios del denominado capitalismo salvaje, sean los que se impongan. El país podría auto abastecerse solo implementando una política justa que interrelaciones a productores y consumidores.
La Junta Agro empresarial hace esfuerzos loables pero las políticas públicas sin bien no deben hacerse sin la participación orgánica de aquellos a quienes va dirigida, no menos cierto es que son de carácter público, es decir corresponde al Estado no solo elaborarlas sino dirigirlas y aplicarlas. Los del sector privado son socios naturales pero no implementadores ni realizadores de las políticas públicas. Además, la Junta Agro Empresarial no es la única entidad del sector existen otras muchas entidades que también tienen mucho que aportar siempre que desde el Estado se creen las condiciones apropiadas para su participación.
De manera que la crisis del plátano, más que una crisis, debería ser, entre nosotros, una gran oportunidad de regulación del mercado a los fines de evitar distorsiones que en nada conducen a la solución de problemas ancestrales de nuestra sociedad. Hoy en día en que el campo dominicano se encuentra abandonado y en manos de mano de obra extranjera e ilegal, toca al Estado resolver de forma definitiva el problema. Para ello ha de contar –y cuenta-, con la participación efectiva de sus mejores ciudadanos, pero la iniciativa corresponde siempre al Estado, sin ella, el tema no camina y la solución no llega. Por tanto, hacemos votos porque el Estado asuma el rol que le corresponde e inicie políticas públicas encaminadas a proteger la producción del platano, el abasto de los mercados bajo un esquema de precios que beneficie, esencialmente, a productores y consumidores. Bajo esta alianza estratégica el país tiene mucho que ganar. En cambio, si continuamos como hasta ahora agricultores y consumidores seguirán siendo víctimas de inescrupulosos intermediarios que nada aportan a la producción ni al mercado. Por tanto, el país no se encuentra ante una crisis sino ante una oportunidad que no debe desaprovechar el Estado sin hacer daños irreparables al consumidor como al productor de plátanos. DLH-22-10-2015
