Guatemala, 28 oct (PL) El presidente electo, Jimmy Morales, manifestó hoy su conformidad con la desarticulación de la red de corrupción que operaba en el Instituto de Seguro Social de Guatemala (ISSG) y reiteró que combatirá el tráfico de influencias.
"Todo delito debe ser sancionado, debe ser juzgado, en caso que el debido proceso demuestre que se cometió el delito. Nadie está por encima de la ley y nosotros estaremos con la total anuencia de que desde la Presidencia… puedan ser investigados todos los casos", declaró.
Respecto a la permanencia en el país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente de la Organización de Naciones Unidas que junto al Ministerio Público (MP) desarticuló esté y otros grupos criminales en el país desde 2007, compartió su determinación de mantenerlo.
"En realidad toca la decisión en 2017 y 2019. Nosotros hemos platicado de que, en ambos casos, se dará el aprobado. Guatemala necesita recuperar la confianza y la desconfianza surge cuando uno quita algo que está funcionando", afirmó, en declaraciones al Canal Antigua.
Argumentó que, si dos años después de funcionar su gobierno, decidiera quitar una institución que apoya al sector justicia y al MP "generaría la desconfianza de que no queremos ser investigados".
Pero también, añadió, si en 2019 -cuando entregaríamos el poder- ya no queremos que se siga investigado, vuelve a surgir la sospecha de que no queremos que se nos investigue.
"Por eso nuestra propuesta ha sido dos prórrogas más, lo que nos daría seis años, que sumados a los cinco que ya estuvo, nos da una década en la cual ya debe haberse traspasado el tema de capacidades de tecnologías conque deben contar nuestras instituciones", expresó.
El debate en torno a la permanencia de la Cicig cobró fuerza a partir de su intervención directa en la desarticulación de grupos criminales como La Línea, liderado presuntamente por el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicetitular, Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva en virtud de denuncias de defraudación aduanera por parte de ese grupo formuladas por esa comisión en alianza con la Fiscalía de Guatemala.
Desde el 24 de octubre también se conoció la participación del equipo dirigido por el abogado colombiano Iván Velázquez en la desarticulación de una red de corrupción que lucraba a costa de la salud de los afiliados del IGSS.
Según la Cicig y el MP, los implicados eran funcionarios de la institución y particulares que trataban de favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones y se servían de ciertos galenos para que recetaran un mismo medicamento cuantas veces fuese necesario, así como de usar información privilegiada, corromper a funcionarios y manejar el mercado.
"Toda una estructura de corrupción organizada a través de la salud", afirmó Velázquez, ante los periodistas.
