San Juan, 31 oct (PL) Delegados de organizaciones sindicales, políticas y sociales realizaron hoy en una asamblea de pueblo para organizar un paro nacional para oponerse a una reforma laboral que el gobierno de Puerto Rico se propone aprobar.
Representantes de más de 25 entidades reunidos en el coliseo deportivo del municipio de Toa Baja, aprobaron con enmiendas una declaración que, en la práctica, será la hoja de ruta hacia una oposición sostenida a la privatización de las corporaciones públicas, el despojo de derechos laborales y el empobrecimiento de los trabajadores para beneficiar al gran capital.
El dirigente gremial Luis Pedraza Leduc explicó a Prensa Latina que ante la coyuntura que enfrenta Puerto Rico con un modelo político y económico colapsados, el gobierno de Alejandro García Padilla pretende poner la carga de la crisis sobre el pueblo trabajador.
"Hay más de 25 organizaciones sindicales y otras políticas y sociales que nos vamos a preparar para un paro nacional que sirva de advertencia a quienes quieren despojar al trabajador de sus derechos", añadió Pedraza Leduc, coordinador del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Prosol-Utier).
Tal como establece la Declaración de la Asamblea del Pueblo, el dirigente de Prosol-Utier abundó que desde la década de 1950, se promovió la inversión extranjera basada en una mano de obra barata, la exención de contribuciones y una infraestructura conveniente al desarrollo industrial.
"Este modelo produjo riqueza para los inversionistas, el desarrollo de una clase media y el mejoramiento de la calidad de vida en general, pero para la década de 1970 el modelo inició su caída y la riqueza producida por los trabajadores regresó al país en forma de préstamos", explicó.
Pedraza Leduc se refirió a la deuda pública de 72 mil millones de dólares, que se considera impagable en las actuales condiciones de fiscales del país.
Denunciaron que el modelo político vigente desde 1952, un Estado Libre Asociado (ELA), no reconoce poderes al país, por lo que las estructuras de gobierno no pueden enfrentar las tendencias del mercado y promover alternativas propias, ni desligadas de los intereses del Congreso de los Estados Unidos.
"Mientras producimos riqueza ejemplificada en 35 mil millones de ganancias anuales en favor de las compañías foráneas, a su vez observamos índices de desigualdad mayor y niveles de pobreza alarmantes", se apuntó en la declaración.
El modelo económico colapsó para el país, no así para los inversionistas que continúan amasando riquezas ya sea mediante inversión de capital o mediante el cobro de intereses de la deuda, resumió el documento.
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