La Coalición Educación Digna repudia las acciones demostradas por la Policía Nacional frente a las protestas pacíficas que se vienen desarrollando a propósito de los escándalos de corrupción desatados en la OISOE.
Los movimientos sociales y ciudadanos ejercen el derecho que les consigna la Constitución en su artículo 48 de reunirse y demandar que los fondos públicos sean ejecutados con eficiencia, transparencia y en los fines con los que fueron presupuestados. Y la Policía Nacional frente al uso de ese derecho, se comporta contrario a lo que es su fin: proteger a la ciudadanía y salvaguardar su seguridad.
Durante los últimos 10 años, se ha venido desarrollando en el país un cambio en el repertorio de los movimientos sociales y ciudadanos (irrupción en el ámbito público de movidas juveniles con muchos elementos creativos y su consolidación con la lucha por el 4% para la educación preuniversitaria) y, que ha transformado los niveles de violencia que se producían con otros modos, reduciendo incluso la cantidad de muertes que ocurrían en esos hechos.
Los movimientos dominicanos han sostenido varias luchas sistemáticas y continuas, demostrando contundencia y que la represión desde el poder no consigue detener la voluntad de un pueblo cuando este tiene una demanda justa y una meta clara y precisa. Ya antes fue necesario luchar en los tribunales precisamente por causa del abuso y represión de la policía, obteniendo un fallo a favor que dejaba claramente ratificado el derecho a manifestarse libremente sin la intervención negativa de la policía.
Hoy la sociedad dominicana es espectadora de un intento de detener una lucha, por demás justa, que se ha manifestado de manera pacífica y que persigue que los fondos públicos sean ejecutados de manera eficiente sin corrupción y sin impunidad. De nuevo la lucha entra a los tribunales a causa de la represión policial y de nuevo se obtiene un fallo a favor de las luchas en las calles. Y esta vez la Policía Nacional desacata la orden judicial y reprime semanas tras semanas a manifestantes y les impide protestar frente al cuerpo del delito que es la OISOE.
Pero se cruzan líneas cada vez y en esta ocasión la policía irrumpe en un local privado (Centro Bonó) e indaga sobre el propósito de la acción que allí se desarrolla, en una clara acción que pretende amedrentar a los/as ciudadanos/as allí presentes e impedir que se sigan manifestando contra la corrupción en la OISOE.
El presidente Danilo Medina, como último responsable de las fuerzas castrenses, está compelido a reaccionar y accionar antes estos peligrosos hechos que atentan contra la libertad de expresión. Lo que hace la policía le atañe al Presidente directamente. Y en ese sentido es, por lo tanto, el último responsable de las represiones ocurridas y de lo sucedido en el Centro Bonó.
Un gobierno que se identifica como “cercano” y “frugal” está propiciando acciones totalmente contrarias cuando evita precisamente que la gente realice sus protestas en el cuerpo del delito. Y además demuestra claramente que no es frugal cuando permite el despilfarro de fondos, no solo en corrupción como ya se ha evidenciado en todas las irregularidades de la OISOE, sino en el despliegue excesivo e inútil, de contingentes policiales para reprimir a ciudadanos/as que buscan la correcta inversión de los fondos públicos.
Rechazamos enérgicamente las acciones represivas de la Policía Nacional y exigimos que sean tomadas medidas enérgicas y contundentes frente a las denuncias de corrupción que se han realizado contra la OISOE. Y a la vez animamos a que la lucha continúe de manera pacífica y sin atender a las provocaciones, haciendo de la plaza un espacio donde puedan ir toda la familia a reclamar sus derechos.
