Santo Domingo, 5 nov (PL) Movimientos sociales y grupos políticos cuestionan hoy la actitud de las fuerzas de seguridad dominicanas que les impiden realizar cadenas humanas en rechazo a la corrupción y la impunidad.
La víspera cientos de agentes uniformados impidieron por quinta semana consecutiva que esos grupos se ubicaran frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) en la cual fue detectado un caso de corrupción.
Centenares de miembros de decenas de organizaciones sociales tuvieron que conformarse con enlazar sus brazos en cadena en otro lugar para exigir el cese de la corrupción e impunidad en el país y demandar el cierre definitivo de la Oisoe.
En esa entidad recientemente se suicidó un arquitecto que estaba al frente de la construcción de una escuela, presionado por un grupo de funcionarios que le adelantaron ilegalmente dinero para ejecutar la obra y luego lo chantajeaban.
Las autoridades sostienen que en el lugar no se deben hacer manifestaciones por estar al fondo del Palacio Nacional, sin embargo, es habitual que en zonas ubicadas frente a la casa de gobierno otros manifestantes hagan reclamos.
Los uniformados cierran el paso a la cadena humana pese a que el Tribunal Superior Administrativo ordenara al Ministerio del Interior abstenerse de impedir las manifestaciones cívicas frente al Oisoe.
El movimiento de la cadena humana contra la corrupción crece y la víspera se sumaron los miembros de la Red Nacional de Jóvenes Voluntarios de la Comisión de Derechos Humanos.
También asisten personalidades de la vida pública y debutó la diputada Guadalupe Valdez, quien deploró las actuaciones de la policía al impedir que los ciudadanos se manifiesten libremente como establece la Constitución.
En ese sentido Valdez llamó a la ciudadanía a unirse y protestar en cualquier lugar en que se encuentren para que no continúe la corrupción y la impunidad corroyendo a la sociedad dominicana.
También la Coalición Educación Digna cuestionó las acciones de la policía ante las protestas pacíficas realizadas por organizaciones sociales por el escándalo de corrupción desatado en la Oisoe.
Al protestar, los movimientos sociales y ciudadanos ejercen el derecho que les otorga la Constitución en su artículo 48 de reunirse y demandar que los fondos públicos sean ejecutados con eficiencia y transparencia, señaló la coalición.
Recordó que el papel de la policía es proteger a la ciudadanía y salvaguardar su seguridad y no puede ser usada para violar los derechos constitucionales.
También criticó que agentes policiacos penetraran el sábado último en el Centro Bonó, donde grupos sociales se reunían haciendo uso de sus derechos.
El presidente dominicano, Danilo Medina, debe reaccionar ante esos peligrosos hechos que atentan contra la libertad de expresión, pues lo que hace la policía le atañe al mandatario directamente, evocó en un comunicado la coalición.
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