Santo Domingo, República Dominicana.-El escandalo que envuelve a importantes jueces de República Dominicana ha destapado lo que muchos sospechaban: que en la justicia dominicana operan mafia que negocian casos en desmetro de su investiduras y la misión que la sociedad le ha coferido.
Aunque por el momento no puede afirmarse que todos los señalados como jueces corruptos son culpables, al menos la evidencia mostrada por el procurador Francisco Domínguez Brito apuntan a que hay veracidad en las formulaciones como para encontrar razones para sanciones en los implicados.
De hecho, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso la suspensión sin disfrute de sueldo y la remisión a juicio disciplinario de tres jueces y suspendió a otros dos.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, acusa al grupo de manipular procesos y negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
El del Poder Judicial, presido por ella Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, suspendió sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Dionicio Duvergé Mejía, juez del Quinto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, también de la Corte de Apelación de la misma jurisdicción.
El consejo integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno y Elías Santini Perra, reunido en sección ordinaria dispuso la suspensión de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y del magistrado Delio Germán Figueroa.
En el escándalo está implicado el titular del Consejo del Poder Judicial y exjuez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, Francisco Arias Valera, quien renunció el pasado jueves, y que es señalado como quien dirigía la estructura corrupta.
Arias Valera es mencionado como la persona que contactó e influyó a cambio de “altas sumas de dinero” en la jueza Reyes Beltré, para que emitiera varias decisiones, siendo la última la puesta en libertad mediante un recurso de hábeas corpus del regidor de Pedro Brand, Erison de los Santos, quien es acusado de dirigir una red de sicarios, que habría dado muerte a varios choferes.
Refiere además, la acusación a una denuncia que había presentado en su contra el 20 de junio del 2013, el exjuez José Medrano Queliz, que entre otras cosas, Arias Valera, lo había propuesto como juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, sin su conocimiento a condición de que resolviera algunos casos de manera satisfactoria a los intereses del exconsejero.
Asimismo, destaca el ministerio público que en su denuncia el exjuez Medrano Queliz hacía referencia que Arias Valera se reunía en varios lugares con él, junto con otros magistrados para realizar tratativas o convenios sobre algunos expedientes, planteando que esas reuniones se celebraron en Blue Palace y en el Licor Store Fucuoca en San Cristóbal.
En cuanto a la magistrada Reyes Beltré, el ministerio público alega que estando como juez interina del Segundo Juzgado de la Instrucción, en fecha del 27 de octubre del 2011, varió la medida de coerción a los imputados Miguel Ángel Espinal Herrera, Félix Evangelista Sánchez Crispín, Freddy Antonio Martínez y Roberto Antonio Mendoza Manzano, quienes fueron involucrados en el tráfico de 40.12 kilos de cocaína, la cual era presuntamente transportada desde la provincia de Santo Domingo hacia Puerto Rico.
Aduce además que el 7 de julio pasado, la jueza Reyes Beltré ordenó la devolución inmediata al venezolano José Bacile Bacile, de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia, investigado junto a varias personas por incurrir en acciones de lavado de activos y otras infracciones graves y estaba incautada por el ministerio público.
Sostiene que al mes siguiente, el 20 de agosto pasado, la jueza Reyes Beltré, mediante una acción de amparo, ordenó devolver la suma de 20 millones de dólares a favor de la razón social Prado Universal, compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad del español Arturo del Tiempo Marqués, condenado en España por narcotráfico.
Destaca que en esa sentencia, la jueza por contrario condenó al Banco de Reservas y a su administrador, Consejo Directores del referido banco y al Ministro de Hacienda, al pago de un astreinte de un millón de pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia.
Duvergé Mejía
En cuanto a este magistrado, el ministerio público alega que el mismo varió la prisión preventiva al puertorriqueño José Antonio David Colón y a los dominicanos Francisco Amaury Simón Johm, arrestado durante una operación en que fueron ocupados más de 340 paquetes de cocaína pura, cuya decisión fue revocada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, que ordenó la prisión preventiva en contra de los implicados.
Señala además que en otros casos de narcotráfico, en lo que a pesar de estar involucrados grandes alijos de cocaína, algunos de los cuales tienen vínculos internacionales, el juez procedió a la variación de las medidas de coerción de prisión preventiva por una garantía económica, y que han generado denuncias porque la mayoría de los imputados se han sustraído del proceso y han vuelto a delinquir.
Entre esos casos mencionó a Edwin Samuel Durán Colina, sindicado en un caso de 10 kilos de cocaína; Dionicio Familia de los Santos, implicado en el tráfico de 25 kilos de cocaína; el empresario Alejandro Almánzar, propietario de un furgón ocupado en el Puerto de Haina con cocaína líquida camuflajeada en 106 envases de shampoo, y el presunto narco Alejandro de Jesús Morales, sometido por lavado de activos al ser detenido en julio del 2012, cuando transportaba en una nevera playera casi medio millón de pesos y tres mil dólares en efectivo, pero este fue apresado posteriormente por las autoridades puertorriqueñas.
También el ministerio público menciona el caso, donde un sobrino político del juez, Francisco Javier Batista (El Flow), fue la persona que sirvió de intermediario para negociar la libertad del imputado Juan Alfredo Rondón Abreu, quien había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Americas, al intentar salir del país con destino a Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, cuando llevaba en su vía digestiva la cantidad de 96 bolsitas de heroína con un peso de un kilo 51 gramos.
Germán Figueroa
En cuanto a dicho magistrado, el ministerio público sostiene que el 24 de octubre del 2008, siendo juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó un Auto de no Ha Lugar a favor de un venezolano acusado junto a otro tres compatriotas de cometer atracos a mano armada en diferentes fechas en perjuicio de distintas personas, incluyendo la Agencia de Cambio Comercializadora de Capitales, propiedad de Alberto Atalah, donde sustrajeron más de siete millones de pesos.
Igualmente, alega el ministerio público que el 8 de abril del 2009, el juez Germán Figueroa también emitió un auto de no ha lugar en favor del imputado Miguel Ángel Valdez Vega, involucrado en una operación de tráfico de drogas, quien había sido deportado desde Estados Unidos después de haber cumplido con una condena de cinco años por asuntos de narcotráfico, mientras en cuanto a otros dos imputados dicta apertura a juicio, pero que por el contrario les varió la prisión preventiva.
Destaca también que el 6 de marzo del 2009, el entonces juez de la Instrucción varió la medida de coerción a tres imputados, arrestadod cuando se disponían a enviar al extranjero por correo privado 7 cajas con más de 7 mil frascos en cuyo interior se encontraba la sustancia base para elaborar las patillas de éxtasis.
También hace referencia a la resolución del 8 de julio del 2009, cuando el juez ordenó la devolución de los objetos y bienes que le fueron secuestrados a los colombianos Alfredo de Jesús Camargo Reyes y Juan Carlos Villamar Mogollón, involucrados en un proceso de lavado de activos, con documentación fraudulentos y fabricados de manera dolosas.
Vallejo Espinosa y Mejía Lebrón
En cuanto a estos magistrados, el ministerio público alega que estos dispusieron la libertad el 7 de julio del 20014, de José Martín Cortorreal Ramírez, mediante el conocimiento de un recurso de apelación con el voto disidente de otra juez integrante de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo. El mismo fue arrestado momento en que llevaba en su estómago sustancias prohibidas.
Sostiene, además, que Mejía Lebrón, fungiendo como juez de la instrucción para asuntos de jurisdicción privilegiada, el 27 de marzo del 2015, dictó auto de no ha lugar a favor del alcalde del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, y otras tres personas que fueron acusadas de un desfalco de 400 millones de pesos, por considerar que no existían pruebas suficientes en su contra.
CONSEJO ACTUÓ POR UNA INSTANCIA DEL PROCURADOR GENERAL
Francisco Arias V.
Con 17 años en el Poder Judicial, Francisco Valeras Arias entró como juez de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Baní, el 25 de junio de 1998.
Awilda Reyes Beltré
Es jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Ingresó a la carrera judicial el primero de septiembre de 2006.
Delio Germán es juez del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Anteriormente estaba en un juzgado de paz, de donde fue ascendido al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito.
