La acción del Consejo… respondió a una acusación del procurador general de la República, Francisco Domínguez, según la cual esos jueces trabajaron en común para favorecer a enjuiciados.
Santo Domingo, 17 nov (PL) Después de ocurrir una serie de decisiones judiciales consideradas inexplicables, el Consejo del Poder Judicial informó hoy finalmente que anoche suspendió a cinco magistrados dominicanos acusados de manipular procesos.
El referido consejo, presidido por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, dispuso la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de esos magistrados.
La acción del Consejo… respondió a una acusación del procurador general de la República, Francisco Domínguez, según la cual esos jueces trabajaron en común para favorecer a enjuiciados.
Concretamente se les acusa de manipular procesos y negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
La estructura era dirigida por Francisco Alberto Arias, e integrada por los jueces Awilda Inés Reyes, Delio Antonio Germán, José Dionisio Duvergé, Rosó Vallejo y Victor Mejía.
Domínguez dijo que esos jueces incurrieron en graves irregularidades e incompatibilidades en el conocimiento de varios casos, todos concernientes al uso de su investidura para hacer ilícitamente riquezas.
El exmiembro del Consejo Arias es señalado por influir con "altas sumas de dinero" en la jueza Reyes para liberar al regidor de Pedro Brand, Erison de los Santos, acusado de dirigir una red de sicarios que ocasionó varias muertes.
También se le acusa de proponer jueces para que resolvieran casos a su favor, y de reunirse con otros magistrados en Blue Palace y en el Licor Store Fucuoca, de la ciudad de San Cristóbal, para realizar tratativas o convenios sobre algunos expedientes.
A Reyes se le cuestiona, además, haber variado la medida de coerción a cuatro imputados sorprendidos cuando traficaban con 40.12 kilos de cocaína.
También ordenó la devolución inmediata de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado banco Peravia, investigado por incurrir en lavado de activos y otras infracciones graves.
Reyes ordenó también reintegrar la suma de 20 millones de dólares a favor de Prado Universal, compañía constructora de la torre Atiemar, propiedad del español Arturo del Tiempo, condenado en Madrid por narcotráfico.
En tanto Duvergé varió la prisión preventiva a varias personas arrestadas durante una operación en la que fueron ocupados 340 kilos de cocaína pura.
Además se le vincula a otros casos de narcotráfico variando medidas de prisión preventiva a cambio de garantías económicas que llevaron a que los imputados se sustrajeran al proceso y volvieran a delinquir.
A Figueroa se le procesa por actuar a favor de un venezolano acusado de cometer varios atracos a mano armada y de variar la prisión preventiva dictada contra involucrados en tráfico de drogas y lavado de activos.
A Espinosa y a Lebrón se les cuestiona por contravenir decisiones de otros jueces contra narcotraficantes.
En el caso de Lebrón puso además en libertad al alcalde del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez, acusado de un desfalco de 400 millones de pesos, por considerar que no existían pruebas suficientes en su contra.
