Santiago.- El Ministerio Público de este distrito judicial logró que fueran repartidos 60 años de prisión en contra de tres hombres que fueron hallados culpables de haber asaltado y provocado heridas a otro que compartía con su familia en un restaurante de Santiago.
El Tercer Tribunal Colegiado dictó la sentencia en contra de Wandry Junior Cruz Tavárez, Ramón Emilio González Tavárez o Vicente Antonio Peña, y de Sergio Antonio Peña, conocido también como Antonio Peña, quienes fueron condenados por separado a 20 años de prisión por los delitos de asociación de malhechores y robo agravado.
El dispositivo de la sentencia establece que los imputados deberán pagar además las costas penales del proceso.
El expediente instrumentado por la Procuraduría Fiscal de Santiago establece que el hecho ocurrió en fecha 12 del mes de julio del 2014, aproximadamente las 9:20 de la noche, cuando los imputados se presentaron al referido lugar y encañonaron a la víctima con un arma de fuego ilegal, con la intención de robarle.
Indica que Wandry Junior Cruz Tavárez le requirió la entrega de las llaves de su vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones del restaurant y al éste negarse le disparó contra las piernas, mientras los demás imputados apuntaban contra la familia de la víctima.
Establece que una vez perpetrado el hecho, los infractores emprendieron la huida en el vehículo sustraído a la víctima, siendo posteriormente identificados y arrestados por la Policía Nacional con la evidencia en su poder.
La Procuraduría Fiscal de Santiago, a través del Departamento de Persecución a los Delitos contra la Propiedad en coordinación con la División Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), llevaron a cabo la recolección de las evidencias del caso, así como la investigación del hecho, que permitió presentar formal acusación en contra del grupo en calidad de autores de los delitos de asociación de malhechores, robo agravado por el uso de la violencia, arma de fuego, y nocturnidad y pluralidad de imputados, todos contemplados en el Código Penal Dominicano y la Ley 36 sobre Comercio Porte y Tenencia de Armas.
Al momento de conocerse el juicio de fondo de este caso, todos los procesados se encontraban en prisión bajo la imposición de medida de coerción consistente en prisión preventiva.
