Por Eugenio García Cuevas
Escritor y catedrático Universidad de Puerto Rico.
El proyecto de Ley 2758 sometido a la legislatura de Puerto Rico para que los extranjeros residentes legales, mayormente dominicanos, voten en las próximas elecciones de 2016 no se convertirá en ley. Ojalá me equivoque.
Aunque en PR viven ciudadanos de otros países, el proyecto ha sido interpretado como dirigido únicamente a la comunidad dominicana. El rechazo a la medida por sectores mediáticos y de un grueso de la ciudadanía puertorriqueña no me ha sorprendido. Se hace necesario recuperar algunos acontecimientos algo lejanos y recientes para explicar algunas posibles razones de las oposiciones.
Hago un breve recuento de sus aristas: El 16 de agosto de 1997 el ciudadano dominicano Rafael Herrera murió como consecuencia de una golpiza que le propinó la policía de Puerto Rico. Antes de esa muerte, ya al interior de la comunidad dominicana, se habían venido haciendo denuncias del discrimen de que eran objetos dominicanos y dominicanas. Ese suceso fue detonante para que se afirmara públicamente que en PR había xenofobia contra esta comunidad. Aunque con ciertas suspicacias, a través de un breve escrito, manifesté ciertas vacilaciones en hacer una manifestación concluyente sobre la xenofobia.
Posterior a 1997 los abusos de la policía siguieron manifestándose más frecuentemente al grado de que en 2011 un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunciaba el maltrato y la violación de los derechos civiles de que era objeto un gran sector de la comunidad dominicana por parte de la policía de Puerto Rico. El informe también llamaba la atención sobre el maltrato a sectores puertorriqueños de bajos recursos económicos.
En la radio –que es el verdadero foro público en PR– es cada vez más habitual escuchar a mantenedores de programas diarios manifestarse de manera despectiva, burlesca y arrogante contra la comunidad dominicana residente en Puerto Rico. A sus expresiones les siguen las llamadas de una parte del público, ya avivados por ellos, que también despotrican contra la comunidad dominicana.
Durante varios meses hice el ejercicio de dedicarme a leer los comentarios que hacían los lectores sobre las noticias relacionadas con la República Dominicana y con los dominicanos en PR en la versión digital del periódico El Nuevo Día. El resultado fue un espanto: sin importar el tipo de noticia que fuera (negativa o positiva) más del 90 por ciento de las opiniones leídas expresaban abierta o veladamente desprecio o mofa hacia lo más mínimo relacionado con lo dominicano. Ese ejercicio me reveló que la xenofobia, el antidominicanismo, ha venido creciendo aceleradamente en ciertos sectores de la sociedad puertorriqueña.
El preámbulo apretado viene por lo siguiente: el pasado miércoles 18 de noviembre circuló la noticia de que se había sometido a la Legislatura de PR el proyecto 2758 para enmendar la Ley electoral y permitir que los extranjeros residentes legales pudieran votar en las elecciones de 2016. Desde que escuché la noticia supe inmediatamente que vendrían las reacciones xenófobas en contra de la comunidad dominicana, muy a pesar de que los dominicanos no son los únicos extranjeros que residen en PR, aunque sí es el grupo más numeroso.
El asunto se convirtió en la noticia del día. Un sector notable de la prensa radial hizo su fiesta. Ni un análisis, ni un argumento. Todo se redujo a la xenofobia como argumento que no es argumento y sí sofisma, tergiversación e intolerancia. Algunos llamados analistas espolearon a sus huestes y más xenofobia desbordada por las líneas telefónicas.
Pudiendo haber planteado que el proyecto sólo contempla el voto de aquellos extranjeros residentes legales, es decir, poseedores de una Green Card que le otorga el gobierno de los EE.UU. para que puedan residir en cualquiera de sus 50 estados o en sus territorios (como es el caso de PR) estos analistas prefirieron lanzar una nebulosa.
Juntaron deliberadamente el asunto con los que residen ilegalmente cuando se sabe que el voto de éstos no se contempla en el proyecto por su misma condición de “indocumentados” como también se les denomina a estos ciudadanos extranjeros.
Según resume Noticel y cito: “además de cumplir con los requisitos de tener 18 años de edad y no estar incapacitado mentalmente según declarado por un Tribunal, los extranjeros deben tener permiso de residencia legal permanente emitido por el gobierno de Estados Unidos, tener su domicilio en Puerto Rico y manifestar su intención de permanecer en Puerto Rico.
También deben saber español o inglés. Esos requisitos deberán certificarse mediante la presentación de una declaración jurada ante notario y demostrar que han residido en Puerto Rico por lo menos 24 meses antes del evento electoral… Para demostrar su cumplimiento con los años de residencia, el solicitante podrá mostrar como evidencia al notario documentos que evidencien fehacientemente su presencia en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse a: pasaporte con sello de admisión, récords escolares oficiales de las escuelas puertorriqueñas a las que ha asistido, diplomas o certificados emitidos por instituciones de enseñanza puertorriqueñas, récords de viajes, récords médicos o de empleo, récords oficiales de alguna entidad religiosa confirmando participación en ceremonias religiosas, copias de giros, o récords de transacciones bancarias al igual que recibos de facturas”.
