El reciente escándalo en la justicia dominicana ha dado al traste con la suspensión cautelar de la Juez titular de la 4ta Sala de lo Penal del Distrito Nacional Doctora Awilda Reyes Beltre, quien según lo expresado por el Presidente de Consejo de Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia Doctor Mariano Germán Mejía, ella le confesó en su despacho haber recibido dinero efectivo para emitir una sentencia complaciente a favor de un Regidor municipal y preso preventivo, acusado de sicariato y que lo inexplicablemente atendiendo órdenes superiores.
Según la palabra empeñada del presidente de la Suprema, la suspendida jueza también le comunicó que había fallado favorable y por el mismo móvil la entrega de un avión allanado a un extranjero, así como ordenar el levantamiento judicial de 20 millones de dólares confiscado en nuestro país por lavados de activos.
Al respecto el Procurador General de la República Doctor Francisco Domínguez Brito, denunció la existencia de cierta estructura mafiosa de jueces que se dedican a favorecer al crimen organizados con la ayuda de abogados y fiscales, acción valiente que ha dado paso a investigaciones y suspensiones que gozan de nuestro apoyo en la lucha contra la corrupción imperante en nuestro sistema judicial.
Si esto no se detiene ahora, mañana no habrán garantías para nadie y entonces habrá fracasado el espíritu de las leyes y con él, es estado de derecho al que todos estamos sujeto a respetar.
Hace apenas un mes y pocos días, dos ciudadanos franceses burlaron la justicia dominicana abandonando el país sin que un organismo oficial se responsabilizara de su monitoreo, obligando posteriormente al Ministerio Público a emitir una orden de captura internacional, no solo contra los dos prófugos, sino también contra un eurodiputado que se mofó de ser el ideólogo y ejecutor de la fuga de los condenados en primera instancia a 20 años de presión.
A esos dos franceses las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) les confiscaron 26 maletas llenas de drogas en el interior de una aeronave que pretendían despegar con destino Francia. Sin embargo esos franceses gozaban de plena libertad a espera de un juicio de apelación tras ser condenados a 20 años de presión por un tribunal de primera Instancia. Sin embargo existen miles de ciudadanos dominicanos hijos de machepa cumpliendo duras penas por violar la misma Ley 50/88 sobre drogas y sustancias prohibidas y nunca han gozado de semejantes concepciones y privilegios.
También están los casos de la corrupción administrativa y el manejo indoloro de los recursos del Estado que el gobierno lucha incansablemente por controlar sin que a la fecha haya un solo condenado que sirva de ejemplo al buen desempeño de la función pública, como estímulo a todos aquellos que hacen bien su trabajo sin adueñarse de lo que es de todos.
Como ciudadano estoy sumamente preocupado por el rumbo que lleva nuestra justicia. Una justicia que en teoría, debió ser mejor desde 1997 cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Carrera Judicial, herramientas institucionales que darían más independencia al Poder Judicial respecto al Ejecutivo y las extensas prerrogativas constitucionales que en materia judicial tenía el Jefe del Estado a través del Ministerio Público.
De igual manera, la creación de las altas cortes de la nación mediante la Reforma Constitucional del 2010 que creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Entonces me pregunto ¿cuál es la razón para que el sistema no funcione? ¿Por qué un juez que está para impartir justicia, hace todo lo contrario?, ¿Que nos está pasando como país?, ¿Hacia dónde vamos y que podemos hacer?
El país debe someterse a una profunda reflexión que involucre a todos los sectores y fuerzas vivas de la nación. Entiéndase: gobierno, oposición, empresariado, sociedad civil, iglesia, en fin todo la sociedad debe ser copartícipe de un dialogo nacional que enderece esta torcida y lamentable situación de degradación de nuestro sistema de justicia.
Dicho todo esto, esperamos que el procurador general de la República concluya con la solicitud formal de convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, para este se pronuncie al respecto y reconduzcan la situación, tomando cuantas medidas sean necesarias para sanear el Poder Judicial y por vía de consecuencias, extender esas recomendaciones a otras instituciones que colaboran en la persecución del crimen y la administración de justicia como la Policía Nacional, Fiscales y Fiscalizadores, pues el marrón no es solo de los jueces.
