El ya olvidado Programa Mínimo Eventual del Empleos (PEME), un esperpento administrativo que operó sin base legal razonable y a manos llenas desde el punto de vista financiero, fue el antepasado inmediato del hoy ciclópeo y rotundo aparato clientelar que sostienen -con fondos estatales, desde luego- la administración del licenciado Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Creado durante la primera administración del doctor Leonel Fernández (1996-2000) y dirigido por un conspicuo subsecretario palaciego que era prosélito del actual mandatario (a la sazón secretario de la Presidencia, entre nosotros una suerte de primer ministro de facto, pero con gabinete propio y todo), en su momento el PEME manejó directamente y sin controles contables de ningún tipo la entonces fabulosa suma de 1,438 millones de pesos.
(Para recordar: en 1996 el presupuesto nacional era de 24 mil 414 millones de pesos, y el de 2016 será de 630 mil 936 millones; la deuda externa era de 3 mil 994 millones de dólares, y la actual se encuentra entre 25 mil y 30 mil millones de dólares -según la fuente que se utilice-; y la tasa de cambio promedio era de 12.89 pesos por dólar, y hoy es de 45.47 pesos por dólar. En consecuencia, la suma reseñada en el párrafo que precede, considerada en relación con los tres últimos indicadores mencionados, era superior al 6 por ciento del presupuesto nacional. Como si dijéramos: más de 38 mil millones pesos de la actualidad… El blindaje de timbales, pues, no es de ahora).
Más allá del manejo ilegal y deportivo de recursos públicos (que el ex presidente Fernández defendería bajo el argumento de que se usaron “para no matar”, es decir, en labores de “seguridad interna”, lo que en lenguaje coloquial sería simplemente: para sobornar y mantener contentos a los potenciales armadores de protestas y demás hierbas en barrios y grupos de presión), el pecado capital del PEME consistió en que algunos de sus jefes se apropiaron de una buena tajada de éstos de manera alegre y soez, tal y como lo reveló un informe de auditoría del año 2000.
Los métodos usados en el PEME para robarse dinero público fueron varios, pero dos destacaron: inventar necesidades “de seguridad” (porque en un Estado las hay de verdad, no lo olvidemos) y emitir cheques con beneficiarios falsos. Estos eran endosados con nombres y números de cédulas inexistentes o apócrifos. Obviamente, se trataba de procedimientos pedestres, acaso propios del tigueraje de baja estofa, y por eso gran parte de la “inteligencia” y del jurásico peledeísta a la postre tratarían a sus operarios con pucheros y “cortadas” de ojo.
Conforme a datos suministrados entonces por la Junta Central Electoral (JCE), un arqueo aleatorio mostró que 29,423 de los números de cédulas usados para canjear los cheques eran inválidos, es decir, no existían en el archivo maestro de ciudadanos. Todo esto fue posible, naturalmente, porque se trataba de dobles endosos: el primero se hacía con el número de cédula fraudulento, y el final con la del cambista. Este último resultaba responsable inmediato del cheque ante el banco, que no investigaba nada al respecto porque se trataba de una operación normal y consuetudinaria de este tipo de agentes del mercado financiero.
Igualmente, la JCE reportó que 6 de esos números de cédulas eran válidos pero pertenecían a militares, mientras que 2,262 registros tenían el número en blanco y 59,935 no pudieron ser validados. De éstos últimos, empero, “un numero que no hemos determinado, ya que hay que cotejarlos manualmente, aparecen con un nombre diferente”, esto es, que “estos números corresponden a ciudadanos diferentes a los suministrados”… O sea: era una rumbosa y descarada fiesta de firmas e invención de números de cédulas llevada a efecto con el descuidado “modus operandi” de los ladronzuelos sin estilo.
Por su parte, la Policía Nacional emitió un informe sobre los endosos de un cierta cantidad de cheques que fueron estudiados, y lo hizo en estos términos: “De acuerdo con el examen caligráfico realizado, utilizando las técnicas macro y micro comparativas correspondientes, determinamos que los factores de identificación de escrituras son compatibles. Es nuestra opinión que las letras y los números manuscritos en los endosos de los cheques debitados fueron realizados por una misma persona”. Es decir: prácticamente había “escribientes” fijos para el endoso de cheques… Mero tigueraje de patio, insisto.
El PEME constituyó un escándalo de marca mayor (el primero de una administración peledeísta relativo a uso indebido de recursos del erario), y provocó incluso el “afuereo” de su principal responsable -el señor Luis Inchausti, un hombre tan verboso, “sincero” y directo como como un filósofo barrial de los años setenta- respecto de la candidatura presidencial del doctor Fernández en 2004: lo colocaron lejos de la mirada pública para que su “asunto” no se batiera de cara a las elecciones… El hombre, obviamente, “hedía” en aquel momento.
No obstante, en febrero de 2007 (ya instalado de nuevo en el poder el doctor Fernández), el entonces fiscal del D.N., doctor José Manuel Hernández Peguero, dejó fuera del expediente del PEME al ingeniero Diandino Peña, al licenciado Simón Lizardo, al licenciado Haivanjoe Ng Cortiñas y al señor Noe Camacho Ovalle… Los imputados “grandes ligas” del PLD, así, resultaron reivindicados administrativamente: no medió juicio ni nada que se le pareciese para guardar las apariencias… No afirmo que fueran culpables -la precisión es válida para evitar confusiones o malos entendidos-, sólo expongo los hechos como ocurrieron.
Unos días después, esa decisión fue refrendada públicamente por el procurador general de la república de la época, el licenciado Radhamés Jiménez, bajo el alegato de que se trataba de “un expediente político del pasado gobierno, con el propósito de inhabilitar moralmente a dirigentes del PLD”… En otras palabras: los informes de los técnicos de la JCE y la PN no valían un maní (eran cosas de los “perredeosos” cuando estaban en el poder) y, de paso, se dejaba en el aire la sensación de que si había culpables de algo, esos eran los funcionarios de la administración del PRD que orquestaron los expedientes que sirvieron de base para el procesamiento de los responsables del PEME: armaron una vaina “política” para “inhabilitar moralmente” a sus adversarios… De casualidad no fueron imputados por semejante osadía.
En el mes de octubre de ese mismo año 2007, el fiscal Hernández Peguero (que, naturalmente, es el mismo que actualmente es juez del Tribunal Superior Electoral, lo que recuerdo sin mala intención alguna), retiró la acusación a los restantes imputados (Luis Inchausti, su hermana Grecia Peguero y León López Mata) argumentando que no poseía “pruebas suficientes para sustentar el expediente en un juicio oral, público y contradictorio”… Y colorín colorado, el cuento del PEME estaba terminado.
(Claro que también hay que recordar que los perredeístas hicieron mutis frente a todo eso. Primero, porque algunos de sus líderes estaban bregando con sus propios demonios en el mismo sentido: los efectos político-jurídicos del manejo de la crisis de Baninter, los sometimientos por el Plan Renove y los invernaderos, las acusaciones de connivencia con figuras del narcotráfico y, naturalmente, el derrumbe del PRD en las simpatías ciudadanas… Y segundo, porque desde mediados de 2004 ya había tratativas para aligerar el peso del expediente del PEME, como en su momento ocurrió con el de los célebres minibuses “pollitos”. La colusión política en este aspecto llegaría a su clímax en 2012, cuando el operador fundamental del PEME y “su equipo” terminaron apoyando la candidatura perredeísta del ex presidente Hipólito Mejía).
Muchas veces -en mi infinita candidez de crítico del clientelismo- me he preguntado cómo diablos la ciudadanía de este país ha podido olvidar tan truculento hecho delictuoso relativo al dinero público, pero cuando leo o escucho los montos establecidos por ciertos funcionarios de hoy en sus declaraciones juradas de bienes, o las sumas envueltas en las acusaciones de corrupción que se les hacen a otros (con una sola coincidencia: son todos del PLD y sus aliados), me decanto por una explicación simplona y casi resignatoria: deber ser porque los operarios del PEME eran unos “chivitos”… Y -lo confieso- es el momento en que empiezo a sentir cierta nostalgia por sus números, que parecen nimios si no se los ubica en su contexto histórico.
Claro, como se habrá de suponer, en mi caso, debido a que aún no he podido abandonar la mala costumbre de “jurungar” en el pasado para ver si entiendo bien el presente y se me aclara un poco el porvenir (herencia ahora execrable sobre todo de mis felices lecturas juveniles de Ingenieros y Foucault), se trata de una nostalgia definitivamente antinostálgica…
(*) El autor es abogado y profesor universitario
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